derechos colectivos

Buenos Aires, 24 de febrero de 2009
Vistos los autos: "Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986".
Considerando:
1) Que Ernesto Halabi promovió acción de amparo re¬clamando que se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1563/04, en virtud de con¬siderar que sus disposiciones vulneran las garantías estableci¬das en losartículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto autorizan la intervención de las comunicaciones telefó¬nicas y por Internet sin que una ley determine "en qué casos y con qué justificativos". Alegó que esa intromisión constituye una violación de sus derechos a la privacidad y a la intimidad, en su condición de usuario, a la par que menoscaba el privile¬gio de confidencialidad que, comoabogado, ostenta en las comu¬nicaciones con sus clientes (fs. 2/8).
2) Que, al producir su informe, el Estado Nacional sostuvo que la vía del amparo no resultaba apta para debatir el planteo del actor. Afirmó, además, que la cuestión se había tornado abstracta en virtud del dictado del decreto 357/05, que suspendió la aplicación del decreto 1563/04, toda vez que con ello se disipó la posibilidad de queexista un daño actual o inminente para el actor, o para cualquier usuario del sistema (fs. 50/54).

3) Que la magistrada de primera instancia hizo lugar a la demanda y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la ley 25.873 y del decreto 1563/04. A ese efecto sos¬tuvo que: a) no existió un debate legislativo suficiente previo al dictado de la ley, la cual carece de motivación yfundamen¬tación apropiada; b) de los antecedentes de derecho comparado surge que diversas legislaciones extranjeras tomaron precaucio¬nes para no incurrir en violaciones al derecho a la intimidad Cpor ejemplo limitaron el tiempo de guarda de los datosC que no fueron consideradas en este proyecto; c) las normas exhiben gran vaguedad pues de sus previsiones no queda claro en qué medida pueden lasprestatarias captar el contenido de las comu¬nicaciones sin la debida autorización judicial; d) aquéllas están redactadas de tal manera que crean el riesgo de que los datos captados sean utilizados para fines distintos de los que ella prevé; e) el Poder Ejecutivo se excedió en la reglamenta¬ción de la ley al dictar el decreto 1563/04 (fs. 70/78).

4) Que la Sala II de la Cámara Nacional deApelacio¬nes en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó dicho pronunciamiento. Sin perjuicio de advertir que el recurso de apelación del Estado Nacional exhibía defectos técnicos que conducían a declararlo desierto, estimó que, por la trascenden¬cia de la cuestión debatida, correspondía tratar los argumentos desarrollados en defensa de las normas impugnadas. Al respecto y, en primer lugar,aclaró que la pretensión no se había torna¬do abstracta, pues la ley cuestionada seguía vigente por el hecho de que el decreto 1563/04 que la reglamentó sólo había sido suspendido "por tiempo indeterminado" mediante el decreto 357/05 sin que hubiese sido "expulsado del plexo normativo vi¬gente". En segundo término, precisó que el planteo articulado no era meramente consultivo sino que existía un interésjurídi¬co concreto en cabeza del actor como usuario de distintos ser¬vicios de telecomunicaciones y en su carácter de abogado. En cuanto a la viabilidad de la acción de amparo, sostuvo que no existía en el caso otro remedio judicial más idóneo para prote¬ger los derechos invocados, además de que la cuestión no reque¬ría una mayor amplitud de debate o prueba por resultar "prácti¬camente" de puroderecho. Respecto del fondo del asunto, hizo suyos los argumentos desarrollados por la jueza de grado a los que, con citas de jurisprudencia nacional y extranjera, añadió consideraciones generales sobre el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de la correspondencia, concluyendo que éstos debían primar Cen situaciones como la que presenta el sub liteC más allá de que el objetivo general...