Derechos Humanos En La Dictadura Militar

Los militares tomaron al poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista-guevarista). La violencia política, que se venía incrementando significativamentedesde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los militares para derrocar al gobierno constitucional, aunque la mayoría de los analistas coinciden en que dicha justificación encubría la voluntad de imponer en el país un régimen económico neoliberal, a tono con los requerimientos y exigencias que planteaban en esos momentos el Fondo Monetario Internacional y losEstados Unidos a los países latinoamericanos.
La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con otras dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la proteccióninicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional.
El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, que luego serían denominados “desaparecidos”, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas en centros clandestinos de detención. Gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterradosen fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares.
El presidente Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983 y luego promovió el juzgamiento de los miembros de las tres primeras juntas por los delitos cometidos durante su gobierno, como resultado del cual cinco de sus integrantesfueron condenados y cuatro absueltos. Al mismo tiempo otros responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso ya los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg,Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habíancometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva.
El Proceso llevó a cabo distintas actuaciones relacionadas con los hijos de los secuestrados, entre los cuales hubo incluso mujeres embarazadas, las cuales dieron a luz, en muchos casos, en cautiverio
Cuando en los domicilios de los"objetivos" de los grupos de tareas había niños, éstos podían ser secuestrados (chupados) o dejados en la casa de algún vecino. La práctica habitual de los grupos de tareas fue el hacer la repartija de los niños secuestrados, dándolos en adopción a familias de militares o de civiles relacionados con las Fuerzas Armadas. De todos modos, en el informe Nunca Más también hay testimonios de secuestrados...