Derechos humanos

Sentencia Tribunal Constitucional núm. 20/1982 (Sala Segunda ), de 5 mayo
Jurisdicción: Constitucional
Recurso de Amparo núm. 405/1981.
Ponente: D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León.
Sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid.
Nulidad o inexistencia de contrato de compraventa.
Sentencia: congruencia: a tenor de lo dispuesto en el art. 359 LECiv se mide por elajuste o
adecuación entre la parte dispositiva y los términos en que las partes han formulado sus
pretensiones y peticiones, de forma que no puede la sentencia otorgar más de lo que se
hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado,
ni otorgar cosa diferente que no hubiera sido pretendida; incongruencia: cuando la desviación
en que consiste es de talnaturaleza que supone una completa modificación de los términos
en que se produjo el debate judicial puede entrañar vulneración del principio de contradicción
y del fundamental derecho de defensa; sentencias: han de dictarse tras la existencia de un
debate y de una contradicción: sólo en estos términos es justo el proceso y la decisión que en
él recae: compatibilidad con el principio «iuranovit curia»: los Tribunales no tienen obligación
de ajustarse a los razonamientos jurídicos aducidos por las partes y pueden basar sus
decisiones en fundamentos jurídicos distintos; congruencia o incongruencia de una sentencia:
se estima por la confrontación de la parte dispositiva con los términos en que los escritos
fundamentales del pleito configuran las acciones o excepciones ejercitadas.Acción: identificación: no es sólo el resultado que el litigante pretende obtener sino también el
fundamento jurídico o «causa petendi»: no puede pretenderse que el Tribunal bajo el principio
«iura novit curia» rebase la extensión de lo pedido, modifique la causa de pedir y a través de
ella lleve a cabo una alteración de la acción ejercitada.
Tutela efectiva de Jueces y Tribunales: inexistenciade indefensión: amparo: desestimación.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Jerónimo Arozamena Sierra, Presidente, y don
Francisco Rubio Llorente, don Luis Díez-Picazo, don Francisco Tomás y Valiente y don Antonio Truyol Serra,
Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo registrado en los Registros del Tribunal conel número 405 de 1981, interpuesto por el
Procurador de los Tribunales don Francisco Alvarez García, en representación de don Felicísimo José S. P., asistido
del Letrado don Santiago Rodríguez-Monsalvo Garrigós, en solicitud de que se decrete, por presunta violación del
artículo 24 de la Constitución ( RCL 1978\2836), la nulidad de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la
AudienciaTerritorial de Valladolid con fecha 19 de noviembre de 1981, recaída en la apelación de autos de juicio
declarativo de menor cuantía, seguidos por don Nicéforo V. L. contra don Felicísimo José S. P., doña Gregoria L. P.
y don Ignacio S. D., sobre nulidad o inexistencia de un contrato de compraventa.
En el recurso de amparo han sido partes, además del recurrente, el Ministerio Fiscal y donNicéforo V. L.,
representado por la Procuradora de los Tribunales doña Esperanza Azpeitia Calvín y defendido por el Letrado don
Alfonso Soto Guitián. Ha sido ponente el Magistrado don Luis Díez-Picazo, quien expresa el parecer de la Sala.
Del examen de las actuaciones resultan los siguientes
I. ANTECEDENTES
1.º El 17 de abril de 1972, por medio de documento privado, doña Gregoria L. P., que contaba ala sazón setenta
y ocho años y era viuda de don Juan V. O., vendió dos viñas sitas en el término municipal de Fuensaldaña: una, de
una superficie de 32 áreas, radicada al pago de la Fuente del Pastor y situada en el polígono 13, parcela 197, y la
otra, de 13 áreas 80 centiáreas, radicada en el mismo pago y sitio y constitutiva de la parcela 207 del polígono 13.
Aun cuando en el documento...