derechos humanos
Páginas: 6 (1379 palabras)
Publicado: 10 de septiembre de 2013
El 22 de abril de 1997 se realizó la operación Chavín de Huántar, cuyo objetivo era liberar a 72 rehenes que permanecieron secuestrados durante 126 días en la residencia del embajador japonés, Morihisa Aoki, por catorce miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
El grupo de rescate, conformado por 140 efectivos, estuvo comandado por el general EP José Williams. Cuatro equiposentraron por el primer piso y otros cuatro por el segundo, todos ellos portaban pistolas ametralladoras HKM95 con silenciador, mientras que los emerretistas tenían fusiles AKM, armas cortas y granadas. La acción militar duró 36 minutos.
Aunque la versión oficial afirma que los terroristas cayeron abatidos durante el combate, hay razones para presumir que varios de ellos fueron ejecutadosextrajudicialmente.
La exhumación de los cadáveres de los emerretistas se realizó en marzo del 2001 y estuvo a cargo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). Ocho cuerpos presentaban disparos en la cabeza efectuados desde atrás hacia delante, dirección atípica en un enfrentamiento.
Según este peritaje, en el momento en que se efectuaron los tiros las víctimas estaban en un estado demovilidad nula o casi nula.
Hidetaka Ogura afirma que tres emerretistas, entre ellos Eduardo Cruz Sánchez (a) “Tito”, se rindieron pero aparecieron muertos al finalizar la operación. El general PNP Máximo Rivera, ex-jefe de la DINCOTE, reveló haber escuchado a un emerretista pedir perdón. Asimismo, el congresista Xavier Barrón declaró que un amigo suyo, también ex-rehén, había visto a unemerretista rendirse.
Los policías Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga se convirtieron en testigos claves en estas presuntas ejecuciones extrajudiciales. Según sus declaraciones, tras culminar el operativo, capturaron vivo al emerretista Eduardo Cruz Sánchez (a) “Tito” y lo entregaron a un comando enviado por el teniente coronel EP Jesús Zamudio Arteaga.
En este contexto de silencio eimpunidad, en mayo de 2001, la jueza anticorrupción Cecilia Pollack, a pedido del fiscal Richard Saavedra, ordenó la detención preliminar de 12 oficiales del Ejército. Frustradamente, los entonces congresistas José Barba Caballero y Rafael Rey (Unidad Nacional), y José Delgado (APRA) presentaron al Congreso pedidos de amnistía para los militares que participaron en el operativo.
En junio de 2002,la vocalía permanente del Consejo Supremo de Justicia Militar inició el juicio a los comandos. Sin embargo, días después, se inició el proceso en el fuero común. El juez anticorrupción Jorge Barreto Herrera abrió juicio a Jesús Zamudio Aliaga (quien se encuentra prófugo), Nicolás de Bari Hermoza, Vladimiro Montesinos y Roberto Huamán Azcurra. Estos tres últimos no habían sido incluidos en elproceso seguido por el fuero militar. A Jesús Zamudio Aliaga y Roberto Huamán Azcurra se les incluyó en el proceso porque ingresaron a la residencia, después de producirse el rescate de los rehenes. Se presume que ingresaron por órdenes de Vladimiro Montesinos y que tuvieron alguna participación en las ejecuciones extrajudiciales realizadas en el operativo.
Luego, en agosto, la Sala PenalTransitoria de la Corte Suprema trasladó al fuero militar el juzgamiento de quince comandos que participaron en ese operativo, justificando que se trataba de un delito de función porque la acción se produjo en el ámbito de una zona declarada en emergencia. Asimismo, el Ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, señaló la inocencia de los comandos que participaron en el operativo.
Esta decisión se tratóde justificar al señalar que es un delito de función porque la acción se produjo en el ámbito de una zona declarada en emergencia. Sin embargo, esto se contradice con el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que Perú ha reconocido la competencia en el año 2001. Del mismo modo, dicho...
El grupo de rescate, conformado por 140 efectivos, estuvo comandado por el general EP José Williams. Cuatro equiposentraron por el primer piso y otros cuatro por el segundo, todos ellos portaban pistolas ametralladoras HKM95 con silenciador, mientras que los emerretistas tenían fusiles AKM, armas cortas y granadas. La acción militar duró 36 minutos.
Aunque la versión oficial afirma que los terroristas cayeron abatidos durante el combate, hay razones para presumir que varios de ellos fueron ejecutadosextrajudicialmente.
La exhumación de los cadáveres de los emerretistas se realizó en marzo del 2001 y estuvo a cargo del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). Ocho cuerpos presentaban disparos en la cabeza efectuados desde atrás hacia delante, dirección atípica en un enfrentamiento.
Según este peritaje, en el momento en que se efectuaron los tiros las víctimas estaban en un estado demovilidad nula o casi nula.
Hidetaka Ogura afirma que tres emerretistas, entre ellos Eduardo Cruz Sánchez (a) “Tito”, se rindieron pero aparecieron muertos al finalizar la operación. El general PNP Máximo Rivera, ex-jefe de la DINCOTE, reveló haber escuchado a un emerretista pedir perdón. Asimismo, el congresista Xavier Barrón declaró que un amigo suyo, también ex-rehén, había visto a unemerretista rendirse.
Los policías Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga se convirtieron en testigos claves en estas presuntas ejecuciones extrajudiciales. Según sus declaraciones, tras culminar el operativo, capturaron vivo al emerretista Eduardo Cruz Sánchez (a) “Tito” y lo entregaron a un comando enviado por el teniente coronel EP Jesús Zamudio Arteaga.
En este contexto de silencio eimpunidad, en mayo de 2001, la jueza anticorrupción Cecilia Pollack, a pedido del fiscal Richard Saavedra, ordenó la detención preliminar de 12 oficiales del Ejército. Frustradamente, los entonces congresistas José Barba Caballero y Rafael Rey (Unidad Nacional), y José Delgado (APRA) presentaron al Congreso pedidos de amnistía para los militares que participaron en el operativo.
En junio de 2002,la vocalía permanente del Consejo Supremo de Justicia Militar inició el juicio a los comandos. Sin embargo, días después, se inició el proceso en el fuero común. El juez anticorrupción Jorge Barreto Herrera abrió juicio a Jesús Zamudio Aliaga (quien se encuentra prófugo), Nicolás de Bari Hermoza, Vladimiro Montesinos y Roberto Huamán Azcurra. Estos tres últimos no habían sido incluidos en elproceso seguido por el fuero militar. A Jesús Zamudio Aliaga y Roberto Huamán Azcurra se les incluyó en el proceso porque ingresaron a la residencia, después de producirse el rescate de los rehenes. Se presume que ingresaron por órdenes de Vladimiro Montesinos y que tuvieron alguna participación en las ejecuciones extrajudiciales realizadas en el operativo.
Luego, en agosto, la Sala PenalTransitoria de la Corte Suprema trasladó al fuero militar el juzgamiento de quince comandos que participaron en ese operativo, justificando que se trataba de un delito de función porque la acción se produjo en el ámbito de una zona declarada en emergencia. Asimismo, el Ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, señaló la inocencia de los comandos que participaron en el operativo.
Esta decisión se tratóde justificar al señalar que es un delito de función porque la acción se produjo en el ámbito de una zona declarada en emergencia. Sin embargo, esto se contradice con el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que Perú ha reconocido la competencia en el año 2001. Del mismo modo, dicho...
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