derechos humanos

El 17 de diciembre de 2003 el Senado aprueba la derogación de la ley Videla y la sanción de la nueva ley migratoria, promulgada luego por el Poder Ejecutivo, entrando en vigencia el 21 de enero de 2004. Establece que la autoridad argentina competente para atender estos casos es la Dirección Nacional de Migración junto a la Policía Migratoria Auxiliar.
Esta ley, que como se ha mencionado,contó en su elaboración y discusión con una activa participación de las organizaciones de la sociedad civil, contiene una serie de artículos que en buena medida suponen la introducción de un enfoque de derechos humanos a las políticas migratorias. En este sentido, cabe destacar que el artículo 3, al establecer los objetivos de la ley, contempla lo siguiente:
- Fijar las líneas políticasfundamentales y sentar las bases estratégicas en materia migratoria, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales de la República en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes;
- Garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar;
- Asegurar a toda persona que solicite ser admitida en la República Argentina de manera permanente o temporaria, el goce decriterios y procedimientos de admisión no discriminatorios en términos de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los convenios bilaterales vigentes y las leyes;
- Promover y difundir las obligaciones, derechos y garantías de los migrantes, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, los compromisos internacionales y las leyes,manteniendo en alto su tradición humanitaria y abierta con relación a los migrantes y sus familias;
Como se observa, los lineamientos y propósitos de la ley señalan que la política migratoria debe necesariamente enmarcarse dentro de los compromisos de derechos humanos asumidos por el Estado argentino. Por otra parte, el artículo 4 establece que “el derecho a la migración es esencial e inalienable de lapersona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”. Este artículo significa un cambio sustancial respecto de la normativa anterior, al ser la migración vista antes que como una amenaza, como un derecho que se debe garantizar. Ahora bien, a lo largo de este informe se efectuarán diversas reflexiones y observaciones sobre en qué medida dichoartículo se ha visto reflejado –o no– en las políticas y prácticas concretas respecto de las personas que han ingresado y/o residen en el país. Sin dudas, entre los cambios más significativos que esta ley ha aportado, es preciso destacar los artículos 7 y 8 sobre los derechos a la educación y a la salud respectivamente. Ambos artículos reconocen estos derechos a todas las personas, prohibiendoexpresamente su negación o restricción con base en la irregularidad migratoria. A su vez, la anterior obligación de denuncia que pesaba sobre los organismos públicos ha sido reemplazada por un deber de asistir a los y las migrantes para que puedan regularizar su situación migratoria. Como veremos posteriormente, se examinará con mayor detalle el grado de cumplimiento de algunos de estos artículos porparte de los efectores de los sistemas educativo y sanitario en el partido de Esteban Echeverría.
Derecho a la salud
El artículo 6 de la ley 25.871 establece que el Estado asegurará en todas sus jurisdicciones el acceso igualitario de los inmigrantes y sus familias a los servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad en las mismas condiciones deprotección y amparo que los nacionales.
Mediante la resolución 481/200934 el Ministerio de Salud de la Nación dispuso la creación del Programa Nacional de Unidades Móviles Sanitarias, que establece entre sus objetivos reforzar los dispositivos de primer nivel de atención sanitaria provincial y municipal, así como articular con los programas preexistentes dentro del ministerio y garantizar el...