derechos humanos

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES GENERALES
Conforme a nuestra Carta Magna, esta se ejerce con respecto a los actos, omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o que incurran en el ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o entidades nacionales provinciales municipalesy de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. Para tal fin, la Corte Suprema de Justicia con audiencia del Procurador de la Administración, podrá anular los casos acusados de ilegalidad; restablecer el derecho particular violado; estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto administrativo o de suvalor legal.
Podrán acogerse a la jurisdicción contencioso-administrativa las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y, en ejercicio de la acción pública, cualquier persona natural o jurídica domiciliada en el país. Las decisiones de la Corte, en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, son: finales, definitivas, obligatorias y debenpublicarse en la Gaceta Oficial.
En Panamá el sistema de organización de justicia administrativa es judicial administrativo; ya que es la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, como tribunal especializado, quien conoce privativamente, las causas antes señaladas.
Es importante destacar, que nuestro país se formó como República en 1903; pero no promulgó ipso facto una regulación contenciosaadministrativa. Los casos administrativos eran tratados por los tribunales ordinarios, aplicándose, inclusive, normas del código civil para ello.
Del modelo francés y del colombiano se plasmaron, con posterioridad, principios de la jurisdicción en cita, en la ley suprema panameña de 1941; aunque no se dirigían en ese entonces a la protección plena del derecho afectado, cuenta habida de que sólo secircunscribían a los efectos de la declaratoria de ilegalidad y no permitía jurídicamente, el restablecimiento del derecho conculcado, por ejemplo.
Luego con la promulgación del Decreto Legislativo numerado 4 de 1945, se establecía, entre otras cosas, la acción popular para que cualquier persona pudiera promover la revisión de los actos, resoluciones, órdenes o disposiciones de todos losfuncionarios o establecimientos públicos, en los casos en que se hubiera lesionado el derecho y se creaba un Tribunal independiente del Poder Judicial y del Ejecutivo, para atender la jurisdicción contenciosa administrativa.
Con la Constitución de 1946, al decir de Small “se suplanta el término “decidir” por el término “revisar”, el cual respondía al sentido de esa Institución de garantía. Se incluyó laacción de nulidad, la cual podía ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica”.
Con los actos legislativos No. 2 de 16 de febrero de 1956 y el No. 2 de 24 de octubre de 1956, se reforma el artículo 167 de la Constitución de 1946, incorporando el tribunal contencioso al Órgano Judicial, como una de sus Salas. Así mismo, posibilita a la Corte el estatuir nuevas disposiciones en reemplazode las impugnadas, cuando se anulen los actos acusados de ilegalidad. De igual forma, permite la interposición de los recursos de plena jurisdicción, cuando hace posible, que la Corte restablezca el derecho particular violado; el contencioso de interpretación, cuando dice que éste Órgano también podrá pronunciarse, prejudicialmente, acerca del sentido y alcance de un acto administrativo de valorlegal y el contencioso de nulidad, cuando repite que podrán acogerse a la jurisdicción contenciosa-administrativa, las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate, cualquier persona natural o jurídica, domiciliada en el país.
En fin, el fundamento jurídico regulatorio de la vía contenciosa - administrativo, además del contemplado en la Carta Magna, se...