Derogatoria Art. 20 Al 23 Civil

LA IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL NUEVO MARCO JURÍDICO “CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN. (COOTAD).
TITULO VIII, CAPITULO VII SECCIÓN QUINTA
PREAMBULO.
Ante la reforma constitucional de 2008, que se llevo en la ciudad de Montescriti, de la cual todos fuimos participes; siendo de esta manera como se dio inicio a unanueva oleada de reformas en las subsiguientes leyes de la carta magna.
Se aprobó una ley orgánica de menor jerarquía que la Constitución, pero de vital importancia, para lograr la estructura política administrativa del Estado Ecuatoriano en el territorio, esta ley se orienta hacia un modelo de desarrollo equitativo, mediante el fortalecimiento del Estado, desde las unidades de Gobierno más cercanasa la población.
En este sentido la finalidad de la organización territorial es promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, así como el desarrollo social y económico de la población.
El cuerpo legal prevé la participación ciudadana como un derecho, mismo que será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del estado de manera obligatoria.
LAIMPUGNACIÓN
Con todos estos antecedentes es importante destacar que el procedimiento administrativo es una serie normada de actos, mediante las cuales se dicta una resolución, causando situaciones jurídicas de los administrados, que se ven afectadas por el ejercicio del poder de la Administración Pública.
Es importante hacer una diferenciación entre procedimiento administrativo que tiene que ver con lanaturaleza propiamente administrativa, mientras que el proceso se reserva estrictamente para el proceso judicial.
Debemos indicar que el procedimiento administrativo siempre busca restablecer la legalidad y el daño causado al administrado por malas actuaciones de la autoridad sea resarcido, reparado o indemnizado, desde este punto de vista podemos decir que no se busca la verdad de los hechos,sino la realidad del derecho.
Partiendo de este contexto uno de los principios básicos del acto administrativo es presumir la legitimidad y por lo tanto el ciudadano que se sienta afectado por un acto administrativo tiene el derecho de poder impugnarlo. Por lo que esta impugnación es importante para el resarcimiento de conductas contrarias a derecho. Por tanto resulta inobjetable la convivencia dela aplicación de este sistema de control tanto en beneficio de la administración pública como de los administrados.
En este sentido, el artículo 83 de la Constitución de la República consagra como deberes y responsabilidades de los ciudadanos: 1.- Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legitimas de la autoridad competente; 9.- Practicar la justicia y la solidaridad en elejercicio de sus derechos y con el disfrute de los bienes y servicios.
Tales deberes imponen al ciudadano regirse a un bloque de constitucionalidad y a cumplir las decisiones de la autoridad, siempre y cuando, aquellas gocen de legitimidad, responsabilidad que se articula con su deber de practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos; en ese sentido los compromisosconstitucionales trascritos, modulan en buena medida la posición de los administrados ante la Administración Pública lo que involucra la obligación de los ciudadanos a cumplir las resoluciones y decisiones emanadas de su seno pero correlativa e indisolublemente, rige al ejercicio de tales derechos y obediencia de obligaciones a que su contenido esté infundido de legitimidad y justicia. Pero si faltan estosrequisitos de legitimidad y justicia nuestra nueva norma vigente denominada Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, confiere a los administrados la posibilidad de impugnar una actuación administrativa; atravez de recursos que se encuentran envestidos de una finalidad impugnatoria.
LA COOTAD EN SU CAPITULO VII, SECCIÓN QUINTA, tipifica que los procedimientos...