detenciones

Detenciones y requisas policiales. El “estado de sospecha” en la jurisprudencia local
Pablo Buompadre
 
 



 
Sumario: I- Introducción. II- Detenciones Arbitrarias. III- Detención por Averiguación de Antecedentes: La Ley Orgánica Policial (Decreto Ley 33/00). IV- Requisas Personales. V- El Caso “Cáceres” del S.T.J. Ctes:  a) Hechos. b) Fallo del Tribunal. c) Planteo Recursivo de laDefensa. d) Fallo del S.T.J.Ctes.VI- Reflexión Final. Bibliografía. [1]
I- INTRODUCCION:
Sabemos que la actividad intrusiva del Estado en las esferas de intimidad, privacidad y autodeterminación de las personas se da de distintas formas, tal vez la más violenta de ellas sea la detención, arresto y/o aprehensión de un individuo por representantes de aquel poder en una función preventiva o punitiva.A dicha actividad, suele seguir una práctica consistente en la revisación de ropas, efectos, pertenencias y, en algunos casos, el propio cuerpo, en busca de elementos que representen peligro para los agentes policiales o los terceros, u objetos provenientes de delitos: es lo que comúnmente se denomina “requisa”.-
Lamentablemente, la experiencia señala que dichas actividades son llevadas a cabocasi cotidianamente por personal policial o de otras fuerzas de seguridad sin mayor supervisión por parte de las autoridades competentes para ordenarlas y controlarlas, es decir los jueces, magistrados en cuya cabeza indiscutiblemente la Constitución ha puesto tales poderes.-
II- DETENCIONES ARBITRARIAS:
La  Constitución Nacional en su art. 18, claramente establece que “Nadie puede serarrestado sin orden escrita de autoridad competente”.
Por su parte, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que han adquirido jerarquía constitucional a partir de la Reforma Constitucional de 1994 (art. 75 inc. 22 CN) han reforzado, ampliado y enriquecido aquella cláusula al establecer concretamente que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido..” (DUDH, art. 9°), “nadie puede ser privado de sulibertad sino en los casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes”, (DADH, art. XXV), “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios” (CADH, art. 7 –ap. 3°-), “..nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias..” (PIDCyP, art. 9 -ap. 1-)
En otras palabras, lo que rezan estas normas de superior jerarquía a las leyes procesales penales vigentesen nuestro país o reglamentos policiales es la imposibilidad fáctica y jurídica que tienen las fuerzas del orden o particulares (y, con mayor razón, los jueces o fiscales) de detener arbitrariamente a cualquier persona, es decir, de avanzar sobre la libertad de las mismas sin orden judicial previa y escrita -salvo en casos de urgencia o flagrancia delictiva, que por las circunstancias concretas delcaso, impidan contar con dicha orden, sin poner en riesgo la investigación penal-; facultad que sólo podrá ejercitarse en los casos señalados por los ordenamientos procesales vigentes (en el orden Federal, el Código Procesal Penal de la Nación, y en el interior del país, por los Códigos Procesales Penales provinciales), siempre que sea absolutamente indispensable para asegurar el descubrimientode la verdad y la actuación de la ley (art. 282 CPPCtes., 280 CPPN), y siguiendo los lineamientos de las normas de superior jerarquía normativa (art. 31 C.N.) cuando aquellas no se adecuen a estas.
A fin de poder indagar si estamos ante una privación de libertad legítima o arbitraria, es imprescindible, en función de lo antes mencionado, remitirnos al código procesal penal, que es aquel catálogode normas que determinan los supuestos de procedencia y las formalidades que deben observarse al momento de practicarse una “detención”.
Sabemos que constitucionalmente por “regla general”, todo arresto o detención debe ser ordenada por juez competente (art. 18 de la C.N.), y una norma de inferior jerarquía normativa -como la ley procesal penal- que reglamente el ejercicio de los principios,...