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EL DERECHO FUNDAMENTAL
A LA LEGALIDAD PENAL
SUSANA HUERTA TOCILDO

SUMARIO:

I. I N T R O D U C C I Ó N . — I I . O R I G E N , SIGNIFICADO Y CONTENIDO DEL PRINCIPIO DE LEGALI-

DAD DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS.

III. CONTENIDO DEL DERECHO CONSAGRADO EN EL ARTÍCU-

LO 25.1 CE: 1. La exigencia de reserva absoluta de ley en materia penal. 2. Prohibición de
retroactividad de las normas penalesdesfavorables y mandato de retroactividad de las favorables.
3. Exigencia de tipicidad y prohibición de analogía y de interpretación extensiva «in malam
partem».—CONCLUSIÓN .

I.

INTRODUCCIÓN

Quisiera comenzar este trabajo con una afirmación que hoy, transcurridos
más de dos siglos desde que el marqués de Beccaria publicara su famoso
libro De los delitos y de las penas (1), puede parecer chocante:el principio
de legalidad penal sigue estando precisado de defensa frente a todo interesado
intento de desnaturalización que, por la vía de privarlo de algunas de las
exigencias que tradicionalmente se entienden integradas en su complejo entramado garantístico, persiga la ampliación del ius puniendi más allá de los
límites tolerables en un Estado social y democrático de Derecho.
Dicha actituddefensiva aconseja, al propio tiempo, no perder de vista
aquellas otras posturas que, a partir del habitual reconocimiento constitucional
del citado principio en fórmulas más o menos afortunadas, arrancan de ellas
para concluir que el contenido constitucional del mismo difiere en mayor o
(1) El libro citado en el texto vio por vez primera la luz en Livorno, en el verano de 1764,
siendo entoncespublicado en forma anónima (cfr. la edición de Aguilar, con traducción, introducción y notas de Tomás y Valiente; existe otra edición en castellano de Alianza Editorial, con
traducción de Juan Antonio de las Casas e introducción, apéndice y notas de Juan Antonio del
Val, en la que también se incluye un Comentario de Voltaire).

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Revista Españolo de Derecho Constitucional
Año 13. Núm. 39.Septiembre-Diciembre 1993

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menor grado del contenido esencial que secularmente se le ha venido atribuyendo. Pues si bien es cierto que tales actitudes no suelen estar motivadas
por un deseo de favorecer la expansión del poder punitivo del Estado en
detrimento de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, sino, muy al contrario, por una visión crítica de ladefectuosa técnica
seguida por el legislador constituyente al brindar acogida a un principio que
constituye precisamente un elemento de garantía de dichos derechos y libertades, no es menos cierto que propician una interpretación reductora del texto
constitucional al abrir paso a la idea de que una cosa es el contenido tradicionalmente atribuido al principio de legalidad de los delitos y de las penas yotra su contenido constitucional, de menor alcance que aquél. Idea que, a mi
juicio, no por bien intencionada deja de ser francamente distorsionante.
En las líneas que siguen me propongo combatir esta última tesis y demostrar que el artículo 25.1 de nuestra Constitución ha recogido en su integridad
el principio de legalidad de los delitos y de las penas. Para ello cuento
inicialmente con el apoyodel propio Tribunal Constitucional, que, en su
sentencia de 2 de noviembre de 1983 (STC 89/83), dejó bien establecido que
el citado principio, de «vigencia secular», no fue introducido por la Constitución española, sino que ésta se limitó a elevarlo al rango de derecho fundamental protegible en vía de amparo. Por consiguiente, no puede decirse que el
artículo 25.1 CE define un nuevo concepto delmismo, sino que se limita a
recogerlo tal y como venía previamente acuñado como resultado de una
profunda elaboración doctrinal y jurisprudencial que, por lo demás, mereció
sanción legal desde los mismos inicios de la codificación penal. El contenido
constitucional del principio de legalidad de los delitos y de las penas no puede,
por tanto, diferir de ese contenido esencial que lo informa,...