Diccionario juridico

 DICCIONARIO JURIDICO

Formación profesional: comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica
Autorización administrativa de empleo: La autorización administrativa es una técnica que es utilizada como instrumento de control delmercado de trabajo por los poderes públicos en muchas ocasiones. Es un instrumento de control y factor determinante de la legalidad de una determinada actividad en el mercado de trabajo.
Servicios sociales: Son ayudas en especie o en servicios, que complementan las previstas en la Seguridad de naturaleza monetaria (pensiones, subsidios y ayudas económicas).
Asistencia social: auxilios económicos queintentan paliar situaciones de necesidad debidas a la insuficiencia del nivel contributivo de la Seguridad Social
Cooperativas de trabajo asociado: es una entidad constituida por personas que se asocian libremente para la realización de actividades y tiene por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, a través de la organización común de laproducción de bienes o servicios para terceros.
Intermediación laboral: La intermediación laboral es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su colocación. La intermediación laboral tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores lostrabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia: 
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) tiene por finalidad principal la garantía de las condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección a todas las personas en situación de dependencia, sirviendo de cauce tanto para la colaboración yparticipación de las Administraciones Públicas, como para la optimización de los recursos públicos y privados disponibles
Financiación y gestión del SAAD: 
Se distinguen tres niveles de protección (artículo 7  Ley LAAD). El mínimo lo financiará exclusivamente  la Administración General del Estado (AGE9; el nivel intermedio lo harán a  “Medias”, es decir 50 por 100 GE y 50 por 100 cada ComunidadAutónoma, a través de un Convenio entre ambas, y el tercero será “libre” para cada Comunidad Autónoma, a cargo de sus presupuestos. Ahora bien, en los próximos sietes años  la financiación corresponderá a la AGE, a través de las correspondientes partidas en las Leyes de PGE. Según el art. 32 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas ensituación de dependencia dispone: 
La financiación del Sistema será la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones Públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes Presupuestos.

La Administración General del Estado asumirá íntegramente el coste derivado de lo previsto en el artículo 9.

En el marco decooperación interadministrativa previsto en el artículo 10, los Convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado y cada una de las administraciones de las Comunidades Autónomas determinarán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema. Dichos Convenios, que podrán ser anuales o plurianuales, recogerán criteriosde reparto teniendo en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, emigrantes retornados y otros factores, y podrán ser revisados por las partes.
La aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado como consecuencia de lo previsto en este apartado y en el anterior.
Prestaciones del SAAD: ...