dictamen LFESP
Páginas: 84 (20852 palabras)
Publicado: 14 de enero de 2015
COMISIÓN DE JUSTICIA
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Ejecución de Sentencias y reforma y adiciona diversas disposiciones (…)
Establecidos los antecedentes y el contenido de la Minuta e Iniciativa citadas, losmiembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Primera. El texto original de la Constitución de 1917 que, acorde con la época, estableció como fin de la pena la regeneración de las personas, concepto que en 1965 se sustituyó por el de readaptación social. Este cambio fue seguido de una reforma penitenciaria humanista en la década de los setenta impulsada por eldoctor Sergio García Ramírez, sin duda la más importante del siglo XX.
El modelo de la readaptación social superó la descalificación moral hacia los internos que imperaba en el antiguo sistema; sin embargo, dio pie a una concepción de la pena que consideró tácitamente a toda persona penalmente responsable como desadaptada y –en un paralelismo médico– estableció que los “reos” habrían de recibirun “tratamiento” de carácter “técnico, progresivo e individualizado”.
Al haberse incorporado el concepto de reinserción social a la Constitución en el 2008, se entiende que las personas sentenciadas son adultos plenamente responsables de sus actos, ya que los jueces sólo sancionan a las personas imputables en tanto son capaces de cumplir con las normas. De allí que se incorpore al debidoproceso como el nuevo eje del sistema penitenciario: se trata de un régimen de derechos y de obligaciones durante el cumplimiento de la pena, que concilia la seguridad con la exigencia del respeto a los derechos humanos mediante órganos y procedimientos idóneos. Sólo así se puede garantizar que el Estado de derecho impere en estos espacios bajo el control de la autoridad, en los que es inadmisible laexistencia de formas de autogobierno donde impera la ley del más fuerte o de esquemas autoritarios en los que se rebasa la pena legal impuesta.
Con el cambio constitucional apuntado, así lo entendemos en la redacción de este dictamen, el Estado mexicano no abandona las premisas humanistas a las que se suscribe nuestra tradición penitenciaria, ya que nuestra Norma Suprema no sólo ha reiteradoel derecho de los internos a oportunidades de educación, trabajo y capacitación para el mismo, sino que ha agregado dos derechos –íntimamente vinculados– el derecho al deporte y a la protección de la salud.
Segunda. Lo extensión de las normas del debido proceso al régimen de ejecución de las penas sería inviable si el Constituyente Permanente no hubiese establecido en el artículo 21constitucional las bases para una jurisdicción penitenciaria, puesto que, como bien lo sabemos, la jurisdicción –por su independencia e imparcialidad– es la instancia definitiva para la protección de los derechos en los estados democráticos.
Los jueces de ejecución de la pena no sólo le darán mayor funcionalidad al sistema de ejecución de sanciones penales, sino que constituyen un presupuesto delegitimidad para un estado democrático que garantiza su propio sometimiento a la norma al colocarse bajo un control jurisdiccional cuando impone las penas a quienes violaron la ley.
Desde distintos sectores de la sociedad existía un reclamo –en estricta lógica con el mandato de que la imposición de las penas ya era propia y exclusiva de la autoridad judicial– en contra de que la autoridadadministrativa ejerciere amplias facultades discrecionales. Estas facultades se ha venido justificando con los resultados de los estudios de personalidad propios del modelo clínico-terapéutico adoptado, según el cual para la obtención de los beneficios de ley no basta el buen comportamiento y ni siquiera que el interno participe regularmente en las actividades educativas, laborales y culturales, sino que...
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Ejecución de Sentencias y reforma y adiciona diversas disposiciones (…)
Establecidos los antecedentes y el contenido de la Minuta e Iniciativa citadas, losmiembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Primera. El texto original de la Constitución de 1917 que, acorde con la época, estableció como fin de la pena la regeneración de las personas, concepto que en 1965 se sustituyó por el de readaptación social. Este cambio fue seguido de una reforma penitenciaria humanista en la década de los setenta impulsada por eldoctor Sergio García Ramírez, sin duda la más importante del siglo XX.
El modelo de la readaptación social superó la descalificación moral hacia los internos que imperaba en el antiguo sistema; sin embargo, dio pie a una concepción de la pena que consideró tácitamente a toda persona penalmente responsable como desadaptada y –en un paralelismo médico– estableció que los “reos” habrían de recibirun “tratamiento” de carácter “técnico, progresivo e individualizado”.
Al haberse incorporado el concepto de reinserción social a la Constitución en el 2008, se entiende que las personas sentenciadas son adultos plenamente responsables de sus actos, ya que los jueces sólo sancionan a las personas imputables en tanto son capaces de cumplir con las normas. De allí que se incorpore al debidoproceso como el nuevo eje del sistema penitenciario: se trata de un régimen de derechos y de obligaciones durante el cumplimiento de la pena, que concilia la seguridad con la exigencia del respeto a los derechos humanos mediante órganos y procedimientos idóneos. Sólo así se puede garantizar que el Estado de derecho impere en estos espacios bajo el control de la autoridad, en los que es inadmisible laexistencia de formas de autogobierno donde impera la ley del más fuerte o de esquemas autoritarios en los que se rebasa la pena legal impuesta.
Con el cambio constitucional apuntado, así lo entendemos en la redacción de este dictamen, el Estado mexicano no abandona las premisas humanistas a las que se suscribe nuestra tradición penitenciaria, ya que nuestra Norma Suprema no sólo ha reiteradoel derecho de los internos a oportunidades de educación, trabajo y capacitación para el mismo, sino que ha agregado dos derechos –íntimamente vinculados– el derecho al deporte y a la protección de la salud.
Segunda. Lo extensión de las normas del debido proceso al régimen de ejecución de las penas sería inviable si el Constituyente Permanente no hubiese establecido en el artículo 21constitucional las bases para una jurisdicción penitenciaria, puesto que, como bien lo sabemos, la jurisdicción –por su independencia e imparcialidad– es la instancia definitiva para la protección de los derechos en los estados democráticos.
Los jueces de ejecución de la pena no sólo le darán mayor funcionalidad al sistema de ejecución de sanciones penales, sino que constituyen un presupuesto delegitimidad para un estado democrático que garantiza su propio sometimiento a la norma al colocarse bajo un control jurisdiccional cuando impone las penas a quienes violaron la ley.
Desde distintos sectores de la sociedad existía un reclamo –en estricta lógica con el mandato de que la imposición de las penas ya era propia y exclusiva de la autoridad judicial– en contra de que la autoridadadministrativa ejerciere amplias facultades discrecionales. Estas facultades se ha venido justificando con los resultados de los estudios de personalidad propios del modelo clínico-terapéutico adoptado, según el cual para la obtención de los beneficios de ley no basta el buen comportamiento y ni siquiera que el interno participe regularmente en las actividades educativas, laborales y culturales, sino que...
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