Dip Sem 1

Patricia Martínez Requena


Teniendo presentes las normas jurídicas internacionales aplicables, la opinión doctrina, el artículo 23.4 LOPJ 1, y la jurisprudencia española e internacional, responda a las siguientes cuestiones:
1. ¿Tenían en aquel momento competencia los tribunales españoles para conocer del asalto contra la Embajada española en Guatemala perpetrado en enero de 1980? De ser (ono ser) así, ¿con fundamento en qué disposiciones y normas nacionales e internacionales?
En aquel momento, los tribunales españoles si tenían competencia para juzgar los delitos cometidos en la Embajada española en Guatemala debido al principio de justicia universal, en virtud del cual es posible la persecución penal por parte de la Justicia española de determinados crímenes de gravedad, como esel caso, cometidos en el extranjero, en este caso Guatemala.
Este principio de justicia universal, se materializó en el ordenamiento jurídico español, a través del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (posteriormente reformado) por el que se establece la competencia de la jurisdicción española para juzgar, entre otros, los delitos de genocidio y terrorismo cometidos en el extranjeroaunque fuesen cometidos por personas extranjeras.
Pero además la Audiencia Nacional no solo se basa en el principio de justicia universal para tener legitimidad para juzgar estos hechos, sino que también alega que tales hechos supusieron una violación de la Convención de Viena.
2. ¿Tenían en aquel momento competencia los tribunales españoles para conocer del genocidio cometido contra el pueblomaya? De ser (o no ser) así, ¿con fundamento en qué disposiciones nacionales e internacionales?
Según la Audiencia Nacional, el Estado español en aquel momento, si tenía diligencias para juzgar los delitos de genocidio que se habían cometido en Guatemala contra el pueblo maya.
Puesto que en aquel momento estaba vigente el art. 23. 4 de la Ley Organiza del Poder Judicial, según el cual, lajurisdicción española podría juzgar delitos de genocidio, como es el caso, aunque estos hechos fuesen cometidos por personas no nacionales. También para saber si España tiene capacidad para juzgar este delito o no debemos acudir al Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio.
Sin embargo, en el 2009, este precepto fue reformado y se alegó que para que la jurisdicción españolaapudiese juzgar tales delitos, se exigió que tales hechos debían tener determinados puntos de conexión con España.
Por tanto, podemos concluir que en aquel momento (época de los 80), donde estaba vigente el art. 23.4 de la LOPJ (sin modificaciones), España si era competente para poder juzgar tales hechos, pero después de la reforma se considera que no procede el ejercicio de la jurisdicción penalespañola por tales hechos.
Entre los argumentos que podemos usar para rechazar juzgar los delitos de genocidio son “la falta de conexión con un interés nacional”, pues no se aprecia la comisión de un genocidio sobre españoles, a pesar de que se hayan visto afectados por ciertas circunstancias calificadas como delitos. Además, en los tratados internacionales suscritos por España para la persecuciónde esta clase de delitos, no se establece en ninguno de ellos que cada Estado parte pueda perseguir, sin limitación alguna y acogiéndose solamente a su legislación interna, los hechos ocurridos en territorio de otro Estado, ni aun en los casos en que este no procediera a su persecución.
3. ¿Cuáles son las consecuencias de las modificaciones del artículo 23.4 LOPJ realizadas en junio de 2009? ¿Yde la redacción introducida en el mismo artículo en virtud de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo de 2014?
El principio de Justicia Universal, según el cual es posible la persecución por parte de la Justicia española de determinados crímenes (como por ejemplo graves violaciones de derechos humanos, como es el caso de los crímenes de genocidio) cometidos en el extranjero, está regulado en el...