Distinción entre Delitos y Faltas

LA DISTINCIÓN ENTRE DELITOS Y FALTAS - EL REGIMEN JURÍDICO CIRCUNDANTE – UNA NUEVA Y ACERTADA DOCTRINA DE LA CORTE. –

Fernando Raúl García Pullés
I.- Introducción.-
Todos los hombres deben haber pensado, alguna vez, que sus vidas transcurrían en una época especialmente compleja de la humanidad. La multiplicidad de perspectivas desde las que puede otearse la vida obliga a justificar cadauna de esas opiniones. Nuestros días presentan sus propias angustias. La velocidad de la técnica, la comunicación y la informática se desentienden de los tiempos requeridos para la “aprehensión” y “digestión” psicológica de los nuevos conceptos. Los cambios en determinadas circunstancias de la realidad no son seguidos de una reflexión serena sobre sus repercusiones en algunos aspectos de nuestrapersonalidad, que se va desajustando de un modo grave, al punto de provocar verdaderos descalabros en la inserción social. Lo jurídico, que ha sido siempre un compañero de viaje necesario del peregrinar del hombre, no podría haber resultado ajeno a estos conflictos.

No es este el lugar ni el momento para hacer un análisis de este fenómeno contemporáneo, que hasta ha adormecido nuestracapacidad de asombro. Sin embargo, valga señalar que la materia que será objeto de examen en este trabajo puede servir como prueba de esta denuncia. Me refiero a la evolución de los conceptos de delito y falta, a la traslación de conductas de una a otra categoría en el fenómeno que ha dado en llamarse universalmente “despenalización” y, más precisamente, al tratamiento jurídico que viene haciéndose deestas instituciones por parte del Estado, como titular del único “ius puniendi” .

La investigación que aquí se propone no viene impuesta por una mera aspiración académica, sino por una exigencia de la realidad jurídica actual. Desde los países más desarrollados del planeta se alienta la tesis de la reducción de las sanciones penales a su mínima expresión, criterio que viene acompañado por unatransferencia de conductas del ámbito del derecho penal al contravencional o al del derecho administrativo sancionador. Ese movimiento, que pareciera fundado en criterios de benevolencia hacia quienes infringen el ordenamiento, puede traducirse en la práctica, como de hecho sucede e intentará demostrarse aquí, en el agravamiento de la situación jurídica de aquellos a quienes se postula proteger,extremo que exige una respuesta jurídica acorde.


II.- Las sanciones jurídicas. La potestad sancionatoria estatal y las sanciones administrativas.
Los ordenamientos positivos prevén respuestas diversas ante la infracción de sus contenidos normativos. Estas respuestas se presentan como reacciones de menor o mayor importancia según el valor que el legislador atribuye a los bienes jurídicosdirecta o indirectamente protegidos por los preceptos vulnerados con el comportamiento humano. Parece incuestionable que la calificación de una conducta como delito y la amenaza de una pena -generalmente privativa de la libertad ambulatoria- se presenta como la máxima reacción del sistema, en procura de la defensa de sus más altos valores, pero también lo es que existen otras que no pueden dejarde considerarse.

Es claro que cualquiera fuera la sanción prevista, siempre tiene la íntima finalidad de lograr el cumplimiento de los preceptos normativos: sea por el poder disuasorio contenido en la privación de efectos a los actos que violan el ordenamiento; por la amenaza de un mal para su autor que actúa como reasegurador del sometimiento voluntario a las leyes (de cara a las demáspersonas –prevención general-, o para lograrla en el propio sancionado –prevención especial-), o aún por la aplicación de penas destinadas a la “reinserción social” del contraventor, aspecto paradigmático de las penas que la realidad ha desvirtuado.

A medida que evoluciona el concepto de la persona humana y de la dignidad que le es propia, se hace forzoso modificar la respuesta del derecho a...