Distribucion De Competencias

PRESENTE Y FUTURO DE LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL SOBRE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ENTRE EL ESTADO Y LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1

A. Saiz Garitaonandia
Facultad de Derecho – Sección de Bizkaia
Universidad del País Vasco UPV-EHU
alberto.saiz@ehu.es

Abstract
A pesar de que la Constitución española de 1978 estableció la unidad
jurisdiccional y reservó la competencia sobre laAdministración de Justicia a
distintas instituciones estatales, las Comunidades Autónomas juegan un
importante papel en relación con ese ámbito. El artículo resumirá cómo se
encuentras actualmente distribuidas las funciones relativas a la Administración
de Justicia entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Además, se
analizarán las posibilidades de aumentar las competencias desarrolladas por lasautonomías en este ámbito, siempre respetando los límites establecidos en la
Carta Magna de 1978.
Keywords: Autonomías, Poder Judicial, Jurisdicción.

Tras la promulgación de la Constitución española de 1978, la distribución
territorial del poder entre el Estado y las Comunidades Autónomas permitió a
estas últimas tener sus propios gobiernos y parlamentos. En este sentido, el paso
dado en ladescentralización política de ambos poderes es innegable. No se
puede llegar a la misma conclusión, no obstante, en el caso del Poder Judicial
pues, de hecho, el artículo 117.5 de la Constitución Española (CE) estableció la
unidad jurisdiccional como uno de los principios del Estado. Además, el art.
149.1,5º CE recoge la “Administración de Justicia” como una de las
competencias exclusivasdel Estado, lo que parece alejar todavía más a las
autonomías de la participación en ese ámbito.

1

Texto a ser publicado en la Revista Vasca de Administración Pública.

1

Pero si bien es cierto que las Comunidades Autónomas no puedan tener sus
propios Poderes Judiciales, ello no implica que éstas no puedan participar en
absoluto en el funcionamiento y organización de dicho Poder. Esmás, la propia
Constitución abre la puerta a dicha participación en algunos de sus preceptos, y
prevé que estos entes territoriales sean tenidos en cuenta en la organización de
los distintos juzgados y tribunales a implementarse en el territorio del Estado.
En las siguientes líneas resumiremos cómo se materializa actualmente la
distribución de las competencias relativas a la Administración deJusticia entre
el Estado y las Comunidades Autónomas. Por otro lado, examinaremos las
posibilidades de aumentar las funciones desarrolladas por los entes territoriales
en este área, siempre por supuesto con respeto de los límites marcados por la
Constitución española de 1978. Para ambas cuestiones deberemos tener presente
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, fundamentalmente lareciente STC
31/2010, de 28 de junio, aunque sin olvidar otras que, como las STC 56/1990 y
62/1990, la precedieron analizando muchos aspectos capitales sobre el tema aquí
debatido. Para una mejor comprensión de la cuestión nos centraremos en los
principales asuntos y las implicaciones de los mismos en la distribución de
funciones entre los territorios autonómicos y el Estado: 1) el gobierno delPoder
Judicial; 2) el área o ámbito jurisdiccional u organizativo-judicial; y 3) la
competencia sobre los medios materiales y personales que prestan sus servicios
a los jueces y magistrados.
El gobierno del Poder Judicial en el Estado autonómico español
El art. 122.2 CE establece que el Consejo General del Poder Judicial es el
órgano de gobierno de la Judicatura, añadiendo que una Ley Orgánicaregulará
su estatuto, funciones y el régimen de incompatibilidades de sus miembros.
Además, se indica que el Consejo General estará integrado por un Presidente,
que a su vez presidirá el Tribunal Supremo, y por veinte miembros nombrados
para un período de cinco años. Cada una de las Cámaras del Estado –Congreso y
Senado- nombrarán diez de esos miembros, seis entre jueces y magistrados de...