divorsio zaca

E SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:
ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce (2012).-

Ref. 11001-0203-000-2011-00579-00

Procede la Corte a resolver la demanda de exequátur formulada por la señora AMELIA ACOSTA PEÑA respecto de la sentencia 1329/2005-C de 22 de noviembre de 2005 proferida por el Juzgado dePrimera Instancia N° 5 de Zaragoza, España, mediante la cual se declaró el divorcio del matrimonio civil contraído por la demandante con el señor FERNANDO SOSA DE LUQUE.


ANTECEDENTES

1. Los señores AMELIA ACOSTA PEÑA y FERNANDO SOSA DE LUQUE contrajeron matrimonio civil en la Notaría Cuarenta y Una de Bogotá.

2. Mediante sentencia 1329/2005-C de 22 de noviembre de 2005 proferida por elJuzgado de Primera Instancia N° 5 de Zaragoza, España, se decretó “la disolución por CAUSA DE DIVORCIO DEL MATRIMONIO (…) celebrado en Bogotá, el día 4 de julio de 1996” (fls. 6 y 77).

3. La demandante afirmó que de dicha unión matrimonial no se procrearon hijos. Manifestó, asimismo, que con el consentimiento del señor FERNANDO SOSA DE LUQUE solicitó el divorcio ante el Juzgado de Primera InstanciaN° 5 de Zaragoza, actuación que culminó con la sentencia respecto de la que se solicita homologación, la que se encuentra en firme como da cuenta su propio texto.

4. Señaló también la actora que la copia aportada al proceso la expidió el Secretario Judicial José Antonio Laguardia Hernando, cuya firma fue apostillada conforme al instructivo de legislación de apostillas; que la firmeza de lasentencia fue certificada por la Subdirectora General Adjunta de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia del Reino de España, cuya firma también fue apostillada; y que a la solicitud de convalidación le es aplicable el Convenio de 30 de mayo de 1908, vigente en Colombia desde el 16 de abril de ese año, y el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 aprobado por Colombia mediantela Ley 455 de 1998 que suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los documentos públicos originados en los países suscriptores del mismo.

EL TRÁMITE

Por auto de 26 de abril de 2011 se admitió la demanda y se ordenó correr el traslado de rigor al Ministerio Público, autoridad que se pronunció para manifestar que no se oponía a la petición.

Mediante providencia de 25 denoviembre de 2011 se requirió a la parte demandante para que procediera a recaudar del Ministerio de Estado o de Relaciones Exteriores de España, la autenticación necesaria de la autoridad ministerial que había certificado la ejecutoria de la sentencia para la que se pide el exequátur.

Surtido el trámite de rigor, así como cumplida la orden anterior, se procede a resolver la petición deexequátur.


CONSIDERACIONES

1. La jurisdicción es una manifestación de la soberanía del Estado en virtud de la cual éste se reserva la función de administrar justicia dentro del respectivo territorio.

Con excepción de lo que regulan los tratados internacionales sobre la materia, en línea de principio las sentencias que profieren los jueces extranjeros no pueden tener efectos en Colombia, amenos que se conceda autorización para que puedan ser ejecutadas en el territorio nacional, con la fuerza que tales convenios les concedan o, en su defecto, con la que se reconozca en el Estado extranjero a los fallos que expidan los jueces colombianos.

Pues bien, para darle cabal aplicación a lo decidido por jueces extranjeros, las legislaciones procesales han consagrado el mecanismo delexequátur.

Para el caso colombiano (v. gr. sent. de 19 de diciembre de 2011, Exp. 2008-01760-00), la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que “[c]onforme al artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, se aceptan con fuerza vinculante aquellas sentencias o laudos pronunciados en un país extranjero en procesos contenciosos, por vía de ‘reciprocidad diplomática’, esto es, cuando cumplan con los...