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ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE LA CONVOCATORIA DEL
REFERÉNDUM SOBRE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA.
El 11 de septiembre de 2012, día de Cataluña, tuvo lugar una manifestación multitudinaria
con proclamas a favor de la independencia. A partir de este día podemos decir que el deseo
independentista catalán tomo un auge considerable.
El problema histórico de cómo dar unarespuesta democrática a la aspiración de
independencia del pueblo catalán se plantea con toda su agudeza.
Durante este año, hemos visto con más fuerza como determinados partidos políticos
proclamaban el derecho de Cataluña por convocar un referéndum sobre su la independencia.
Hace dos meses se aprobó en el Parlament de Cataluña la Ley de Consultas, según la cual
serán objeto de consulta "cualquieraspecto de la vida pública en el ámbito de Cataluña y el
ámbito competencial de la Generalitat y los entes locales".
Aún tras todas las polémicas suscitadas alrededor de este tema, finalmente el 9 de noviembre
de este año se realizó la consulta soberanista respaldada por el Govern a pesar de la
suspensión del Tribunal Constitucional.
Ya el Constitucional en su sentencia 103/2008 de 11 de septiembrecuyo objeto del
procedimiento era la Ley del Parlamento Vasco 9/2008 de 27 de junio por la que se
autorizaba a Lehendakari a someter a dos preguntas no vinculantes a sus ciudadanos, falló en
contra de la constitucionalidad de dicha consulta fundamentando su resolución en el
argumento principal de que la consulta convocada por la Ley vasca sustituía ilegítimamente
la única vía válida y garantizadaconstitucionalmente para abordar su objeto, pues se trataba
de un referéndum, por lo que atendiendo a nuestra Constitución (art.149.3.2.) convocarlo es
competencia exclusiva del Estado.
El Gobierno impugnó ante el Tribunal Constitucional la consulta alternativa del 9 de
noviembre, apoyada por dos Dictámenes del Consejo de Estado 964/2014 y 965/2014, ambos
examinados con carácter de urgencia en elplazo de 48 horas que se establece en esta
circunstancia.
En el primero consiste en determinar si hay fundamentos jurídicos suficientes para la
interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley
de Cataluña 10/2014 de 26 de septiembre, de consultas populares y otras formas de
participación ciudadana. En él se considera que la mayoría de vicios deinconstitucionalidad
imputados a la regulación de las consultas populares no referendarias de la ley mencionada
anteriormente -salvo cuando se aduce a la vulneración de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en lo que hace referencia a la cesión

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de datos al Registro de participación de estas consultas- parten del presupuesto de que dichas
consultas sonun auténtico referéndum.
Concluye diciendo que "existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de
inconstitucionalidad contra todos los artículos del título II, las disposiciones transitorias
primera y segunda y la disposición final primera de la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de
septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación
ciudadana"
Elsegundo tiene por objeto determinar si hay fundamentos jurídicos suficientes para la
impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades
Autónomas previstas en artículo 131.2 de la Constitución contra el Decreto 129/2014 de 27
de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político
de Cataluña, de acuerdo con el procedimientoregulado en el título V de la LOTC 2/1979 de
3 de octubre.
Determina que la inconstitucionalidad del Decreto 129/2014 se desprende, no en la omisión
del procedimiento de reforma del artículo 168 de la Constitución, sino la convocatoria de una
consulta con el objeto que se pretende.
Concluyendo que a " juicio del Consejo de Estado, la celebración de la consulta convocada
por Decreto 129/2014, de 27 de...