Dos pasoso

Policy Briefing
Boletín informativo sobre América Latina N°21 Bogotá/Bruselas, 25 de mayo de 2009

Dos pasos complementarios: proteger los derechos humanos y mejorar la seguridad en Colombia
I. PANORAMA GENERAL
A lo largo de siete años, el gobierno del presidente Álvaro Uribe ha tenido importantes logros en materia de seguridad, pero acompañados por serias violaciones de los derechos humanose infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). Colombia todavía no está cerca de la terminación de su conflicto armado. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los sucesores de los paramilitares y los nuevos grupos armados ilegales (NGAI) –responsables todos de múltiples atrocidades contra la población civil– pueden sobrevivircon financiación del narcotráfico y, hasta cierto punto, debido a la incapacidad del Estado de extender su presencia legítima a muchas áreas rurales. Para avanzar hacia una paz duradera, el gobierno de Uribe no sólo debe mantener sus logros en el campo de la seguridad, sino también mejorar urgentemente su política de seguridad abordando temas serios de derechos humanos y expandiendo el Estado dederecho y el alcance nacional de las instituciones civiles de la nación. El señalamiento de altos oficiales militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales es un primer paso, aunque insuficiente, para poner fin a los abusos. La cooperación internacional debe concentrar su atención en apoyar los esfuerzos para acabar con la impunidad y proteger los derechos básicos. El gobierno de Uribe haargumentado que la mejor manera de proteger los derechos humanos es expandiendo la presencia de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y los observadores internacionales han criticado desde hace bastante tiempo la negligencia o las acciones francamente abusivas de dichas fuerzas. Entre las violaciones serias figuran las ejecuciones extrajudiciales de civiles porparte de miembros de los organismos de seguridad; el crecimiento de los sucesores de los paramilitares y los NGAI, a veces con la aquiescencia de personal de seguridad y de algunos funcionarios gubernamentales; el fracaso de los mecanismos de alerta temprana en lo que se refiere a reducir las amenazas y la violencia contra defensores de los derechos humanos, líderes sociales, sindicalistas ymiembros de las minorías afrocolombianas e indígenas; la lentitud en la transferencia de casos de derechos humanos de la justicia militar al sistema de justicia ordinaria; y la lentitud, y en ocasiones la incapacidad, del sistema judicial para castigar a quienes violan los derechos humanos. La desconfianza profunda y a menudo ideológica entre el gobierno y los defensores de los derechos humanos hanobstaculizado el diálogo sobre la integración de la protección de los derechos humanos y el respeto al DIH a la política de seguridad. Esto es contraproducente y se debe superar mediante acciones concretas emprendidas tanto por el gobierno como por la sociedad civil y política, primero que todo poniendo fin a los repetidos intentos de los funcionarios del gobierno de vincular a las organizaciones dederechos humanos con la guerrilla. Las prioridades del gobierno y de los defensores de los derechos humanos no son mutuamente excluyentes, sino que más bien se refuerzan. La terminación del conflicto interno armado requiere mejorar la seguridad conjuntamente con el respeto pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El gobierno debe, con apoyo internacional, comprometerse abiertamentecon las organizaciones de derechos humanos en la promoción de una defensa y protección escrupulosas de los derechos humanos. Esto incrementaría la credibilidad y la legitimidad democrática del gobierno y el Estado, haciendo más efectiva y sostenible la política de seguridad y aumentando las probabilidades de poner fin exitosamente al largo conflicto. Las medidas urgentes que deben tomar el...