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1.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD.-

1.1.- DOÑA SARA DONCEL DE COOK CONTRA LA PROVINCIA DE SAN JUAN, SOBRE REPE­TICION DE PAGO.- FALLOS 155-290.

Buenos Aires, febrero 1º de 1929
Considerando:
Que entre los principios generales que predominan en el régi­men represen­tativo republica­no de gobierno, ninguno existe más esen­cial a su naturale­za y objeto, que la facultad atri­buida a losrepresentantes del pueblo para crear las contribu­ciones necesarias para la existencia del estado. Nada exterio­riza más la posesión de la plena soberanía que el ejercicio de aquella facul­tad, ya que la libre disposi­ción de lo propio, tanto en lo parti­cular como en lo público, es el rasgo más saliente de la libertad civil. Todas las constituciones se ajustan a este régimen, entre­gando a los congre­sos olegisla­turas este privi­legio exclusivo, pues como enseña Coo­ley, "en todo estado so­berano el poder legis­lativo es el depo­sitario de la mayor suma de poder y es a la vez, el representante más inmediato de la sobera­nía."
Nuestra Carta, en sus arts. 4, 17 y 67, consagra la máxi­ma de que sólo el Con­greso impone las contribucio­nes naciona­les, y estas disposiciones, en virtud de losintéticamente expuesto, han de entenderse como bases inmuta­bles igualmente para los gobiernos de provincia, con referencia a las propias legisla­turas, toda vez que los estados particulares deben confor­mar sus instituciones a los principios de la Constitu­ción Nacio­nal, expresa o virtualmen­te contenidos en ella. (Arts. 5, 31, 33 y 106 de la Constitu­ción Nacional).
Que con arreglo a lasprescripciones mencionadas, en la Pro­vincia de San Juan no pueden hacerse efectivos otros im­puestos locales que los creados por las leyes u ordenanzas del mismo carácter, sin que sea posible al P.E. establecer otros o ex­tender los exis­tentes a distintos objetos que los expresa­men­te previs­tos en aquellas leyes. El poder para reglamen­tar­las se refiere únicamente a la facultad de dictar normas para sumejor ejecu­ción, pero no cabe admitir que bajo este pretex­to puedan alterar­las en su espíri­tu o aplicarse más allá de su propósito expreso. Una prerrogativa semejan­te, consentida, en el P. E., del sistema republi­ca­no repre­sentativo.
Que las constancias de autos revelan, sin dejar lugar a dudas, que a la actora se le ha aplicado y cobrado un impuesto sin fun­damento legal, ine­xistente enley alguna anterior a su co­bro y sólo crea­do, por exten­sión, en un decreto del Poder Eje­cutivo.
En efecto, examinando las leyes de patentes que han regi­do en la provincia, desde 1924 hasta 1926, se observa que en los años 1924 y 1925, no existe impuesto alguno "a toda perso­na que efectúe operaciones de préstamos", el que aparece, como nuevo, en la ley de 30 de diciembre de 1926, fechaindi­cativa de que tal gravamen sólo rige para 1927. Es cierto que en el decreto del P.E. de 31 de marzo de 1925, con motivo de regla­mentar el art. 1º, inc. 1º, letra A, título "Agentes comisio­nistas o comercian­tes viajantes" en su art. 5º, ley de paten­tes, se declara com­prendida en dicho rubro a toda persona que efectúe operaciones de préstamo en dinero, pero se percibe claramente que esadeclara­ción es inusitada y violatoria de los términos de la ley, que se ha referido sola y expresamente a los "Agentes o corredores de prés­tamos, descuentos y compra­dores de sueldos", especificación esta en que no se halla com­prendida la persona que opera con su propio dinero. La exten­sión hecha por el P.E. está fuera de sus facul­tades regla­men­tarias, y usurpa, a todas luces, atribuciones puramentelegis­lativas, como se enten­dió en la misma Provincia de San Juan, al convertir en ley el decreto de la referencia. (ley Nº 218, art. 5º). Es cierto también que el P.E. al fundar aquel decre­to, invoca su origen democrático y los altos propósitos de combatir la usura, al abrigo de la cual "se han producido des­pojos inicuos y llevado la intranquilidad a muchos hogares de trabajo, de orden y...