DROGADICCION EN LOS JOVENES

Uno de los retos más importantes de la política de Desarrollo Alter¬nativo en la situación actual de Colombia es su incidencia y cumplimiento de objetivos en medio de la guerra. En ese sentido, la estrategia del presidente Álvaro Uribe es sustancialmente diferente de las dos administraciones que le antecedieron. En sus enunciados políticos sobre el tema, tanto Ernesto Samper como Andrés Pastranaentendieron el desarrollo alternativo con una función de emergencia social por las fumiga¬ciones aéreas, tratando de neutralizar los efec¬tos deslegitimadores de una tarea que busca¬ba satisfacer las presiones de Washington. Para su implementación se promovieron acuer¬dos individuales (Samper) o Pactos de Erradi¬cación Manual (Pastrana). Sin embargo, las movilizaciones campesinas de 1996 ponían depresente la dimensión del fracaso del prime¬ro. El pésimo manejo institucional, que llevó hasta la desaparición del órgano rector del desarrollo alternativo, PLANTE, puso en evi¬dencia la crisis en el caso del segundo.

Uribe Vélez ha señalado que su política de desarrollo alternativo no tiene nada que ver con un papel de emergencia y que su imple¬mentación se basa en el desarrollo regional.Sin embargo, esta aparente revolución no resulta muy bien librada cuando se contrasta con el proceso real.

El modelo transaccional (erradicación antici¬pada del cultivo ilícito a cambio de financiación de proyectos locales) ejecutado por el provee¬dor del 92% de los recursos para desarrollo alternativo en Colombia, USAID, no tiene nada que ver con el esquema de desarrollo regio¬nal de Uribe. Esexactamente lo contrario: un acuerdo alrededor de un compromiso para borrar un cultivo ilícito de un área determi¬nada, cuya sola disminución es el indicador de éxito del programa y no ‘el desarrollo regio¬nal’ que supondría un proceso mucho más complejo y acuerdos que irían más allá de erra¬dicar la coca o la amapola.

Si el papel del desarrollo alternativo es com¬plementar el objetivo de ganarun territorio para el Estado en aquellas zonas controladas por grupos armados, es dudoso que la actual política de drogas, complementaria al esque¬ma de seguridad democrática, responda real¬mente a una perspectiva sensata de manejo del contrabando de drogas y a una visión moder¬na de legitimación estatal. Dados los múltiples efectos negativos que generan las fumigaciones aéreas indiscriminadaspara las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de la zona andina, de la amazonía y el Pacífico, confirmados por la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, la legiti¬midad del Estado está en serias dificultades. El agravamiento de la situación alimentaria, el incremento del desplazamiento forzoso, la cri-sis de gobernabilidad local y regional acelera¬das por laguerra y la actual política de drogas así lo constatan.

Si bien la producción y el mercadeo de bienes son retos importantes para el éxito de las polí¬ticas, la discusión principal no es reductible a la esfera económica del desarrollo alternativo. En escenarios de conflicto, la pregunta estra¬tégica es qué condiciones de respeto a la vida y libertad de las personas está contribuyendo a generarel desarrollo alternativo; qué gober¬nabilidad están logrando realmente los pode-res locales; qué ampliación de la democracia, fortalecimiento y participación de las comuni¬dades se está alcanzando.

En fin ¿qué legitimidad está construyendo el Estado? Insistimos en que por la vía de las fumi¬gaciones aéreas, por el camino de incremen¬tar la crisis humanitaria incorporando civiles a la guerra,muy poco se está logrando para un desarrollo sostenible en lo político y econó¬mico. Entonces cabe la pregunta: ¿Vale la pena medir el supuesto éxito del desarrollo alter¬nativo por el número de hectáreas erradica¬das, cuando en realidad se está abonando el terreno para más violencia e inestabilidad de las regiones sin Estado? El indicador de áreas erradicadas servirá en Washington. En el sur es...