Editorial De La Jornada

Delincuencia: auge y omisiones
S
egún datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi),cuyos resultados fueron difundidos ayer, 24 por ciento de la población mayor de 18 años en nuestro país fue víctima de la criminalidad durante 2010, año en el que se registraron 22 millones 714 mil 927delitos del fuero común, de los cuales la mayoría –más de 92 por ciento– no fueron denunciados ante las autoridades competentes.
Las cifras referidas se inscriben en un clima caracterizado por elcolapso de la seguridad pública y el avance de un sentimiento de temor y zozobra generalizados en la población que derivan, fundamentalmente, de las expresiones de violencia y criminalidad relacionadascon la estrategia de seguridad emprendida por el gobierno federal hace casi un lustro. A la luz de tales datos, es evidente que el país no se encuentra, como se afirma en las altas esferasgubernamentales, ante un problema de percepción, sino ante una escandalosa impunidad, una fracasada política de seguridad y un quebranto generalizado del Estado de derecho que coloca a una cuarta parte de lapoblación en la condición de víctima colateral –mortal o no– de la presente guerra contra la delincuencia.
Tal fracaso no sólo es impresentable en términos políticos, sino evidencia la abdicación delpoder público a su responsabilidad constitucional central: proveer seguridad a los ciudadanos. Más allá de las excusas que puedan poner las autoridades, de sus recurrentes empeños por trasladarresponsabilidades a otros ámbitos y de las negaciones de la realidad que pone en práctica sistemáticamente el discurso oficial, la literalidad del marco legal vigente no deja mucho margen para lainterpretación: la Carta Magna estipula, en su artículo 21, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, y abarca la prevención de los...