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CONSTITUCIONALIDAD DE LA SEGURIDAD CIUDADANA A PARTIR DEL AÑO 1999
Los cambios del Estado venezolano a partir de 1999, luego de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela proponen redimensionar la tradicional idea de ciudadanía, que más allá del reconocimiento expreso de unos derechos, se consolida con su ejercicio.
Por ser éste un período clave para el procesode reforma del Estado venezolano y para la redefinición de un sistema tendente a garantizar la seguridad ciudadana, entendida como la preservación de derechos y libertades reconocidas a las personas.
A tal efecto, se exponen los elementos de un modelo de seguridad ajustado a los principios constitucionales de un Estado social y democrático de Derecho, y se pone en relieve la importancia delestudio de la política pública nacional de seguridad ciudadana, por ser ésta un buen revelador de los valores y objetivos del Estado en la materia.
Se realiza una especial referencia al desarrollo de la producción jurídico penal, por ser lo jurídico una importante forma a través de la cual se proyectan las políticas públicas en la vida social..
La perspectiva teórica en políticas de seguridadciudadana se estima de gran valor, en tanto que la evaluación de los contenidos y resultados de los mecanismos de intervención del Estado a través del Derecho penal para garantizar la protección de la seguridad ciudadana, genera valiosa información sobre la organización y funcionamiento de las instancias del sistema de justicia penal, y resulta fundamental para desarrollar herramientas que permitan laejecución de prácticas, orientadas al logro de los objetivos de una política de seguridad ciudadana en el marco del Estado social y democrático de Derecho, evitando el grave riesgo de acudir a políticas que signifiquen retomar la herencia de una larga tradición política arraigada en el orden público, o ser presa de nuevas políticas que emergen de tendencias punitivas globalizadas que suponen lahomogeneización de las políticas públicas de seguridad, pudiendo desembocar en modelos y prácticas no solamente ajenos a la realidad social venezolana, sino contrarios a los imperativos éticos configurados en la Constitución.
Por cuanto ambas perspectivas apuntan a la severidad de la política penal en su conjunto y se encuentran vinculadas al uso ineficaz del poder, y ante la creciente necesidad derelegitimación del Estado a través de la política pública de seguridad, es por lo que se pretende impulsar el desarrollo de estudios que puedan servir de apoyo a la gestión pública en el marco del modelo de Estado constitucional venezolano.
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 se consagra por primera vez a nivel constitucional la seguridad ciudadana (artículo55), entendida en sentido amplio como la protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales. Ello implica -al menos conceptualmente- la superación del tradicional modelo de seguridad basado en el orden público acuñado durante largo tiempo en el país, que garantizaba sobre todo el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y bajo el cual se protegía (distorsionadamente)el orden económico y político, tanto en gobiernos dictatoriales como democráticos, incluso por encima de los derechos y garantías civiles (Núñez, 2001).
A partir de 1999, el constituyente parece redefinir las relaciones entre el individuo y el Estado en materia de seguridad, en el seno de un modelo constitucional propio de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna comovalores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (Artículo 2, CRBV).
Evidentemente, el sentido que asume la seguridad ciudadana en cuanto a la conservación, fomento y protección de los...