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LA PAZ Y EL FUERO MILITAR

Enviado por Anónimo (no verificado) en, 01/03/2013 - 19:33
La reciente aprobación de la reforma constitucional al Fuero Militar ha preocupado a algunos analistas jurídicos y a defensores de Derechos Humanos. Entre los puntos más polémicos de la reforma se encuentra el hecho de que deberá ser la propia Justicia Penal Militar la que evalúe si un delito cometido por unmilitar en servicio activo corresponde a una acción que se enmarca dentro de las acciones habituales de guerra o si es, en cambio, un delito de lesa humanidad. Todo esto supone una primacía de la Justicia Penal Militar sobre la Justicia Ordinaria, pues depende de los militares que los casos tengan conocimiento de los jueces ordinarios. De acá que el reconocimiento que se le da a la JusticiaOrdinaria como facultada para juzgar delitos de lesa humanidad no termine operando en la práctica, ya que la remisión de los casos depende de la Justicia Penal Militar.
No es difícil darse cuenta que la reforma plantea una interpretación fácil y cómoda del problema jurídico del Fuero Penal Militar. Frente a la pregunta de qué acciones comprenden la prestación del servicio, la reforma deja la cuestiónabierta para que sean los propios militares los que la decidan en cada caso. 
La prestación del servicio no puede verse como el conjunto de hechos que suceden dentro de un operativo militar. Los delitos ligados a la prestación del servicio deben ser los que atenten contra la reproducción de la estructura castrense y sean violaciones de sus códigos y normas de conducta específicos: la deserción oescupir a un alto mando, son ejemplos de conductas que deben ser juzgadas por los propios militares. Las acciones que se perpetran en contra de civiles y que supongan una violación de derechos no hacen parte de la reproducción de la estructura castrense y deben ser excluidas del Fuero como lo han sugerido algunas de las sentencias de la Corte Interamericana que se refieren al caso.
El poner alos propios militares que decidan si una acción corresponde al servicio o no, es volver a la idea abstracta y equívoca –pero sobre todo abusiva contra los civiles- de que las violaciones de derechos, al suceder dentro de un operativo militar, no deben ser competencia de la Justicia Ordinaria.
Parece una gran contradicción que en medio de las negociaciones de paz se apruebe una reformaconstitucional que parece hecha para la guerra. Mientras que el gobierno y algunos sectores radicales de derecha piden a la insurgencia seriedad y compromiso con las víctimas del conflicto armado, se ha firmado un cheque en blanco para la impunidad de las Fuerzas Militares.
Pero más allá de lo que podría considerarse como un caso de hipocresía y de un doble discurso sobre la paz de la clase dirigente(dominante) de nuestro país, creo que se debe plantear que esta contradicción es un indicador y un buen reflejo de la idea de paz que tiene el propio gobierno.
Para el gobierno, la paz es un sinónimo de la victoria de la institucionalidad del Estado. A primera vista, la idea es completamente acertada: el objetivo central de un diálogo entre la insurgencia y el Estado es que los alzados en armas aceptenlas reglas del juego de la democracia para exponer sus puntos de vista políticos. La paz comprendería esa aceptación por parte de la insurgencia. Pero en el fondo, hay una idea tramposa aquí: un diálogo entre puntos de vista donde uno de ellos (el del Estado) no puede ser cuestionado.
La cuestión crucial está en que la consolidación de la institucionalidad del Estado es el objetivo a alcanzar enel proceso de paz: si las guerrillas y los actores armados aceptan ser parte de la dinámica democrática, la incidencia del Estado sobre el campo social sería completa y cerrada. Por eso, no se puede cuestionar la institucionalidad del Estado durante el proceso. El significado y el sentido de la democracia imperante no pueden ponerse en tela de juicio durante los diálogos, ya que el proceso busca...