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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
- Procesos Lectores y Escriturales –
OPINAR ES UN DELITO
1. La significativa visita del viernes pasado, cuando el primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, estuvo presente en Caracas, va mucho más allá de un simple encuentro protocolario. Junto a Hugo Chávez, el hombre fuerte del Kremlin reiteró la fortaleza de una alianza estratégica que se ha traducido en ventasde armas por unos siete mil millones de dólares al vecino país y en el desarrollo de iniciativas de exploración petrolera en la rica y prometedora franja del Orinoco. Aunque la cita pasó relativamente desapercibida, por coincidir con las festividades de la Semana Santa y con el asueto obligatorio decretado por el Palacio de Miraflores, que mandó a la gente a sus casas para disminuir la demanda deelectricidad en una nación que enfrenta una seria crisis energética, tiene elementos simbólicos destacables.
2. Así lo ha notado la oposición venezolana, que en los últimos días ha sentido los embates de un régimen bolivariano que cada vez acude a más instrumentos para silenciar o intimidar a sus críticos. Tal como lo ha hecho Putin con quien osa cuestionar su mano férrea a la hora de gobernar,también Chávez les ha apretado las clavijas a periodistas y políticos que le han clavado sus dardos. El fundamento de su accionar es ahora el artículo 396 del código penal, que establece prisión de dos a cinco años a quien divulgue "informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en lacolectividad o la mantenga en zozobra".
3. Ese fue el argumento jurídico que permitió el arresto del ex candidato presidencial y ex gobernador del estado Zulia Oswaldo Álvarez Paz, por unas declaraciones dadas en un programa de la cadena Globovisión, como la breve detención del presidente de ese canal, Guillermo Zuloaga, quien habló sobre su país en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensacelebrada en Aruba. En ambos casos, los argumentos de los jueces son que los sindicados no pueden probar sus afirmaciones, pues el primero sostuvo que su país se ha convertido en un centro de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico, mientras el segundo dijo que el Gobierno dio orden de disparar contra los manifestantes que protestaban en los días previos al golpe de Estado de abril del2002.
4. Sin entrar a discutir la validez de lo señalado por cada uno, las órdenes de captura sientan un gravísimo precedente que no puede ser ignorado. Esa fue la razón de un fuerte pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que después de destacar la falta de autonomía e independencia del poder judicial venezolano frente a la administración chavista resaltó que esta hapermitido que "se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos". Adicionalmente, el organismo agregó que "resulta de enorme preocupación que se imputen delitos como instigación a delinquir a quienes hacen denuncias o consideraciones sobre la situación delpaís" y que sea "legítimo identificar a personas críticas del gobierno con delincuentes".
5. No es la primera vez que en América Latina ocurre algo similar. A lo largo de la historia de la región, diferentes regímenes han tratado de llevar a los estrados judiciales o de perseguir a quienes se les enfrentan sin otra arma diferente a la de las palabras. En Colombia, para no ir más lejos, las actividadesdel DAS en contra de varios periodistas, que incluyeron seguimientos y tácticas difamatorias, merecen el más firme rechazo al igual que un llamado a la justicia para que se castigue en forma ejemplar a los culpables de tales actos. En Ecuador también hay inquietud por la condena a tres años de cárcel a Emilio Palacio, editorialista del diario El Universo de Guayaquil, quien escribió en una...