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1. Introducción
El tema del delito, la seguridad ciudadana y la justicia suelen analizarse
desde perspectivas eminentemente represivas, sin vinculación con el resto
de las políticas sociales y, en particular, sin una visión integral del modelo de
sociedad que se pretende construir. Esto conduce a una visión distorsionada
del fenómeno criminal, que privada de marcos teóricos más amplios decomprensión
sobre los factores culturales, políticos e ideológicos que dan lugar
al uso de medios ilegales, violentos, para abordar los conflictos cotidianos,
reduce drásticamente las respuestas posibles frente al delito.
Como ha señalado Ferrajoli, el uso de la justicia penal conduce a costes
sociales y económicos sumamente elevados.1 Por una parte, la tipificación
de conductas delictivasapareja una grave limitación a las libertades civiles
de los ciudadanos. Los errores judiciales pueden producir graves injusticias,
ya sea porque las personas son procesadas indebidamente o porque los inocentes
son castigados inmerecidamente. Todos estos costes sociales son más
* Guatemalteco. Doctor en Derechos Fundamentales y Derecho Penal, con Especialización
en el Sistema Interamericano deProtección de los Derechos Humanos. Actualmente
se desempeña como Secretario de Política Criminal Del Ministerio Público de Guatemala.
Autor de diversas publicaciones.
1 Ferrajoli, L. 1994. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Trota, Madrid.
Persecución penal estratégica:
una propuesta de política criminal
Alejandro Rodríguez*
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persecución penal estratégica : una propuesta depolítica criminal
frecuentes cuando el sistema penal es utilizado como la primera política
social del sistema; es decir, cuando existe un uso intenso de las detenciones
u otros medios punitivos para mantener la paz social.
Martín Baró ya señalaba que entre menos democrático sea un sistema
de gobierno mayor será el uso del terror y la violencia para contener los
conflictos sociales. Para élexiste una correlación entre falta de democracia
y autoritarismo, que en el caso de las sociedades totalmente desiguales y
excluyentes se traducirá abiertamente en políticas de terror totalitario.2 Regularmente
la falta de democracia conduce a altos niveles de concentración de
riqueza, inexistencia de espacios políticos para la solución de los conflictos
sociales y elevadas cuotas de violenciapara enfrentar las reivindicaciones
sociales. El empobrecimiento de los métodos de resolución de conflictos
deriva en escaladas sociales de violencia y en guerras civiles. Guatemala es
un claro ejemplo de cómo el cierre de los canales democráticos de acceso al
poder político provocó una situación de polarización extrema que se tradujo
en insurrección civil y el desarrollo de una política deterrorismo de Estado,
con doscientos mil muertos producto de la represión desatada por las dictaduras
militares.
El uso del sistema penal también genera otros costes sociales altamente
negativos: la pena de privación de libertad puede condicionar carreras delictivas,
especialmente en aquellos sectores económicos desfavorecidos que
son etiquetados como delincuentes por los operadores dejusticia.3 Se debe
observar además que la pena constituye un ejercicio de violencia de la sociedad
contra el individuo, lo que transmite el mensaje de que es válido usarla
como medio de resolución de conflictos. Diversos estudios sobre la pena de
muerte han demostrado el efecto brutalizador que tiene este tipo de pena en
la sociedad,4 lo que provoca la degradación del valor de la vida y exalta laeliminación de individuos como solución final de problemas.
2 Ralph Darhendorf planteó la posibilidad de ubicar a cada sociedad (en un momento histórico
determinado) entre los dos extremos de un continuo que designara su nivel de conflictividad
según un criterio objetivo que coincidiese con la cantidad de recursos institucionales disponibles
para la regulación social y política de los...