El bien com n

El bien común, el derecho humano al agua y las políticas de privatización
Lidia Serrano, Ingeniería sin Fronteras, Aniza García y Gonzalo Marín
El agua como recurso ha sido caracterizada desde diferentes perspectivas, como bien público, como bien económico y como bien común. Desde el enfoque de derechos humanos, el acceso básico a la misma, así como el saneamiento, ha sido reconocido como underecho humano fundamental.
En el caso concreto del abastecimiento del agua destinada para el consumo humano, definirlo como un servicio público es plenamente consecuente con la consideración de este recurso como bien común. Esta circunstancia fue la tónica dominante en los países desarrollados hasta finales del siglo pasado; de hecho, en Europa y Norteamérica, los servicios públicos deabastecimiento y saneamiento fueron determinantes para conseguir la estabilidad política y garantizar la disponibilidad de recursos financieros necesarios para alcanzar unos niveles adecuados de salud pública y de desarrollo económico y social.
Sin embargo, desde los años 80, la imposición del modelo económico neoliberal, supuso la privatización de los bienes y servicios públicos. En el caso del agua, estaperspectiva quedó plasmada en la Declaración de Dublín sobre agua y desarrollo sostenible de 1992, donde se reconoce que el agua constituye un bien económico (1).
A partir de este momento, se impulsarían con mayor fuerza las políticas de mercantilización y privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua, especialmente en el ámbito urbano. Sin embargo, el impulso privatizadorque se experimentó durante la década de los años 90 y los primeros años de este nuevo siglo, culminó con sonados fracasos –Atlanta, Buenos Aires, Yakarta, La Paz y Manila, entre otros–, poniendo de manifiesto los inconvenientes de la gestión privada de los servicios de agua y saneamiento y las dificultades para garantizar por esta vía el acceso universal a este recurso vital. De hecho, la situacióncomentada ha generado que incluso instituciones internacionales comprometidas con los procesos de privatización, como el Banco Mundial, reconozcan estas limitaciones y que las multinacionales del agua se retiren de los países empobrecidos, en parte, por sus actuaciones.
Entre las externalidades negativas de la experiencia privatizadora, está la corrupción, el incumplimiento de los compromisos deampliar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, los notables incrementos en las tarifas y la marginación en el acceso de los sectores sociales más vulnerables. En definitiva, ha quedado probado que la delegación de los servicios de agua en operadores privados no garantiza el derecho humano al agua y al saneamiento (en adelante DHAS) en la medida en que sujeta su satisfacción aparámetros meramente económicos.
Frente a la lógica del mercado, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil vienen reivindicando el reconocimiento del acceso básico al agua y al saneamiento como un derecho humano, cuya satisfacción debe gestionarse como un servicio público. Ello supone la consideración del agua como bien común e implica la inalienabilidad del recurso, así como elcontrol social sobre su aprovechamiento y manejo, en tanto patrimonio social, natural y cultural.
La asunción del agua como un bien común conlleva considerarla como un patrimonio del planeta, que debe ser gestionado a partir de los criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad, que son, a todas luces, incompatibles con cualquieraproximación mercantil que está, por su propia naturaleza, imbuida de expectativas cortoplacistas de lucro privado y beneficio personal.
En este sentido, el concepto de bien común está radicalmente enfrentado con las políticas neoliberales que imperan en el contexto de la globalización económica, basadas en el fundamentalismo del mercado, y que promueven y favorecen que las empresas multinacionales...