El caracazo y el amparo

El Caracazo.
Los sucesos del 27 y 28 de Febrero de 1989, en los cuales las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) fueron obligadas a reprimir al propio pueblo del cuál provenían generaron una gran crisis de identidad en los mandos militares intermedios. Crisis de identidad que al cualificarse en los debates y los combates posteriores a Febrero permitieron elevar la conciencia de oficiales que hastaahora habían permanecido al margen de las actuaciones políticas públicas.
El gobierno suspendió varias garantías constitucionales e impuso un toque de queda durante varios días. Según los relevamientos que hicieron las organizaciones de derechos humanos venezolanas en todos los barrios céntricos y de las afueras de Caracas, las víctimas podrían llegar a dos mil. Las cifras oficiales de muertosreferían al menos unas 300 personas.
A más de veinte años del Caracazo, miles de víctimas siguen esperando justicia, verdad y reparación. No hay ninguna persona condenada, ni siquiera procesada por esos crímenes. El único fallo que existe fue el que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenando al Estado venezolano y ordenando la inmediata reparación de las víctimas. Hasta ahora seindemnizó a cuarenta y cinco personas.
Introducción de la causa
El 7 de junio de 1999 la Comisión presentó ante la Corte la demanda en este caso, en la cual invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y los artículos 32 y siguientes del Reglamento. La Comisión lo sometió con el fin de que la Cortedecidiera si hubo violación, por parte de Venezuela, de los artículos 4.1 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales), 25.1 y 25.2.a. (Protección Judicial) y 27.3 (Suspensión de Garantías) en concordancia con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), dela Convención Americana, en razón de los sucesos ocurridos durante los meses de febrero y marzo de 1989 en la ciudad de Caracas, Venezuela.
Comisión solicitó a la Corte que ordenara a Venezuela lo siguiente:
a) realizar una investigación a fin de identificar, procesar y sancionar penalmente a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de 35 personas, de dos desaparecidas y treslesionadas durante los sucesos de febrero y marzo de 1989. Asimismo, investigar los hechos relativos a los señores Jesús Cedeño, Abelardo Antonio Pérez, Andrés Eloy Suárez Sánchez y Jesús Rafael Villalobos en los que el Estado no es responsable en forma directa;
b) adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las personas fallecidas, desaparecidas y lesionadas con carácter permanentedurante los sucesos de febrero y marzo de 1989 reciban una adecuada reparación, que comprenda una plena satisfacción por las violaciones de los derechos humanos establecidas en el presente caso, como el pago de una justa indemnización por daños patrimoniales y extra patrimoniales, incluyendo el daño moral;
c) realizar una investigación a fin de identificar, procesar y sancionar disciplinaria,administrativa y penalmente a los responsables del entierro ilegal de cadáveres en las fosas comunes del sector La Peste del Cementerio General del Sur; continuar con el proceso de exhumación de cadáveres paralizado desde 1991; identificar los 65 cadáveres restantes; determinar mediante necropsias las causas de la muerte e informar a las respectivas familias para que les den sepultura;
d) entregarinmediatamente los restos a los familiares de las víctimas cuyos casos indiquen que, a pesar de tener conocimiento de las muertes, todavía el Estado no ha cumplido con la entrega de los mismos;
e) informar a la ciudadanía venezolana la lista oficial con los nombres y apellidos de las 276 personas fallecidas durante los indicados sucesos, así como las circunstancias de su muerte. Además, realizar...