El caracazo

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en Sentencia del 11 de Noviembre de 1999, caso del Caracazo, dicta sentencia contra la República de Venezuela en la cual la Corte concluye, que, tal como fue expresamente reconocido por el Estado, éste ha incurrido en responsabilidad internacional por violaciones de los derechos protegidos por los artículos 4.1 (Derecho a la Vida), 5 (derecho a laIntegridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1 (Garantías Judicial), 25.1 y 25.2.a (Protección Judicial) y 27.3 (Suspensión de Garantías) en concordancia con los artículos 1.1 (obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), de la Convención Americana , en razón de los sucesos ocurridos durante los meses de febrero y marzo de 1989 en laciudad de Caracas, Venezuela.

La Corte reconoce el allanamiento efectuado por Venezuela y decide abrir el procedimiento sobre reparaciones y costas, y comisiona al Presidente para que adopte las medidas procedimientales correspondientes.

En ese sentido el 29 de agosto de 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fundamento en el Artículo 63 numeral 1º dicta la SENTENCIA DEREPARACIONES en el caso del Carachazo, exponiendo los antecedentes del mismo y decidiendo las reparaciones y costas en base a los elementos probatorios recogidos durante las diversas etapas del proceso y a la luz de los criterios establecidos en su jurisprudencia, las cuales el estado venezolano deberá efectuar.

Las reparaciones en cuanto a los daños materiales e inmateriales sufridos por lasvíctimas y sus familiares son determinados expresamente por la Corte, estableciendo las sumas en dólares que debe cancelar el Estado venezolano a las personas que se mencionan en la sentencia.

Entre las otras formas de reparación la Corte considera:
1) Que todos los Estados partes de la Convención Americana tienen el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a losautores y a los encubridores de dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas tiene derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado.

2) La Corte observa que en este caso se han configurado varias circunstancias imputables al Estado que han obrado como obstáculos para la investigación delos hechos, y la identificación y sanción de los responsables, a saber: a) la falta de voluntad y de compromiso de las autoridades competentes para asumir los respectivos procesos penales en las jurisdicciones ordinaria y militar, que se tradujo en numerosas irregularidades y en dilaciones injustificadas; b) la falta de acceso de las víctimas, sus familiares o sus representantes a lasinvestigaciones y procesos penales en razón de la llamada “reserva sumarial”; y c) la utilización de fosas comunes y la posterior negación de su existencia por parte de las autoridades.

3) Que a la fecha de la presente Sentencia, después de más de trece años, aún no se han identificado y sancionado a los responsables de los homicidios, desapariciones y de las graves lesiones sufridas por las víctimas, ni aquienes ordenaron sepultar a los fallecidos en fosas comunes, por lo que se ha configurado una situación de grave impunidad en relación con los respectivos hechos, situación que constituye una infracción del deber del Estado al que se ha hecho referencia, lesiona a las víctimas, a sus familiares y al conjunto de la sociedad y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanosde que se trata.

4) Que es, pues, menester, que el Estado emprenda una investigación efectiva de los hechos de este caso, identifique a los responsables de los mismos, tanto materiales como intelectuales, así como eventuales encubridores, y los sancione administrativa y penalmente según corresponda. Los procesos internos de que se trata deben versar sobre las violaciones del derecho a la...