El contexto de la seguridad democrática y los procesos de ddr: retos en tránsito de la protección estatal a niños y niñas desvinculados de los grupos armados
Páginas: 12 (2971 palabras)
Publicado: 22 de abril de 2010
El contexto de la Seguridad Democrática y los procesos de DDR:
Retos en tránsito de la protección estatal a niños y niñas desvinculados de los grupos armados
Carlos Enrique Núñez, abogado
Durante los últimos años la realidad del país se ha caracterizado por la implementación de la denominada política de “Seguridad Democrática”, el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y larevelación de la profunda “penetración narco-paramilitar” en algunos sectores de la sociedad y más grave aún, en algunas entidades oficiales, como la fuerza pública, el Congreso y los gremios, justificada por la precaria acción estatal frente a los grupos guerrilleros o como un mal menor ante la acción de estos.
Tanto la política de “Seguridad Democrática”, como las relaciones de grupossociales y del Estado con grupos armados ilegales, revelan una visión militarista, que se ha concentrado en la “toma del poder por las armas” o la lucha “antiterrorista”, generando el recrudecimiento de los efectos del conflicto armado sin minar definitivamente a ninguno de los bandos[1], que por tanto haya una multiplicación de las víctimas y se complejice aún más la espiral de violencia que vive elpaís.
En este sentido, el gobierno ha promocionado versiones según las cuales, la tendencia de respuesta militar al accionar insurgente ha sido determinante a la hora de incidir en la disminución de esos grupos armados y en la disminución de índices de violencia no asociados directamente con el conflicto, como la reducción de la tasa de homicidios[2]. Por su parte, diferentes organizaciones dederechos humanos afirman que la crisis no ha desaparecido y que es permanente, señalando, entre otras, cifras de sindicalistas asesinados cuyo número ascendió 10 más que los de 2007, a 49 en el 2008; el elevado número de personas en situación de desplazamiento, o el incremento de los datos de otros tipos de violencia[3]. Así mismo, se ha acusado a las fuerzas militares de adelantar torturas,detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, en lo que se ha denominado “falsos positivos”, incluso como práctica sistemática de violación de derechos humanos[4], llegando a conocerse alrededor de 1.666 casos de ejecución de civiles desarmados, entre ellos 51 menores de 18 años[5].
El recrudecimiento de la guerra también ha obligado a que los grupos armadosilegales se adapten a las contingencias de la guerra, con lo cual la espiral no sólo se complejiza, sino que repercute en las nuevas generaciones. De esta forma, la urgencia de reacomodar fuerzas por parte de los grupos guerrilleros FARC y ELN, ha evidenciado el proceso de vinculación de nuevos reclutas, especialmente niños, niñas y jóvenes; según el Ministerio de Defensa, el 20% de esos gruposestaban compuestos por menores de 18 años[6], utilizados como “carne de cañón y obligados a cometer asesinatos atroces”[7], así como “carne de cañón de los primeros anillos de seguridad de los campamentos”[8]. Al respecto, estudios con niños y niñas desvinculados(as) de diversas organizaciones y entidades públicas y privadas revelan que el principal responsable de reclutamiento de niños, niñas yjóvenes son las FARC[9].
A ello se suman los procesos de reclutamiento de una nueva generación de grupos paramilitares[10], denominados por el Estado Bandas Criminales Emergentes (BACRIM), y frente a las cuales se viene negando, de manera sistemática, que sus acciones obedezcan al contexto del conflicto armado interno; y, en cambio, se les ubica como delincuencia común organizada, a pesar de actuaren escenarios donde antes funcionaban las AUC de modo similar e incluso con sus mismos integrantes[11].
Frente a ello, se han generado serias dudas por el futuro del proceso desmovilización de grupos paramilitares (AUC), no solamente debido a fallas en los procesos judiciales, sino a la ausencia de información clara y fidedigna sobre menores de 18 años combatientes en sus filas, dejando...
Retos en tránsito de la protección estatal a niños y niñas desvinculados de los grupos armados
Carlos Enrique Núñez, abogado
Durante los últimos años la realidad del país se ha caracterizado por la implementación de la denominada política de “Seguridad Democrática”, el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y larevelación de la profunda “penetración narco-paramilitar” en algunos sectores de la sociedad y más grave aún, en algunas entidades oficiales, como la fuerza pública, el Congreso y los gremios, justificada por la precaria acción estatal frente a los grupos guerrilleros o como un mal menor ante la acción de estos.
Tanto la política de “Seguridad Democrática”, como las relaciones de grupossociales y del Estado con grupos armados ilegales, revelan una visión militarista, que se ha concentrado en la “toma del poder por las armas” o la lucha “antiterrorista”, generando el recrudecimiento de los efectos del conflicto armado sin minar definitivamente a ninguno de los bandos[1], que por tanto haya una multiplicación de las víctimas y se complejice aún más la espiral de violencia que vive elpaís.
En este sentido, el gobierno ha promocionado versiones según las cuales, la tendencia de respuesta militar al accionar insurgente ha sido determinante a la hora de incidir en la disminución de esos grupos armados y en la disminución de índices de violencia no asociados directamente con el conflicto, como la reducción de la tasa de homicidios[2]. Por su parte, diferentes organizaciones dederechos humanos afirman que la crisis no ha desaparecido y que es permanente, señalando, entre otras, cifras de sindicalistas asesinados cuyo número ascendió 10 más que los de 2007, a 49 en el 2008; el elevado número de personas en situación de desplazamiento, o el incremento de los datos de otros tipos de violencia[3]. Así mismo, se ha acusado a las fuerzas militares de adelantar torturas,detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, en lo que se ha denominado “falsos positivos”, incluso como práctica sistemática de violación de derechos humanos[4], llegando a conocerse alrededor de 1.666 casos de ejecución de civiles desarmados, entre ellos 51 menores de 18 años[5].
El recrudecimiento de la guerra también ha obligado a que los grupos armadosilegales se adapten a las contingencias de la guerra, con lo cual la espiral no sólo se complejiza, sino que repercute en las nuevas generaciones. De esta forma, la urgencia de reacomodar fuerzas por parte de los grupos guerrilleros FARC y ELN, ha evidenciado el proceso de vinculación de nuevos reclutas, especialmente niños, niñas y jóvenes; según el Ministerio de Defensa, el 20% de esos gruposestaban compuestos por menores de 18 años[6], utilizados como “carne de cañón y obligados a cometer asesinatos atroces”[7], así como “carne de cañón de los primeros anillos de seguridad de los campamentos”[8]. Al respecto, estudios con niños y niñas desvinculados(as) de diversas organizaciones y entidades públicas y privadas revelan que el principal responsable de reclutamiento de niños, niñas yjóvenes son las FARC[9].
A ello se suman los procesos de reclutamiento de una nueva generación de grupos paramilitares[10], denominados por el Estado Bandas Criminales Emergentes (BACRIM), y frente a las cuales se viene negando, de manera sistemática, que sus acciones obedezcan al contexto del conflicto armado interno; y, en cambio, se les ubica como delincuencia común organizada, a pesar de actuaren escenarios donde antes funcionaban las AUC de modo similar e incluso con sus mismos integrantes[11].
Frente a ello, se han generado serias dudas por el futuro del proceso desmovilización de grupos paramilitares (AUC), no solamente debido a fallas en los procesos judiciales, sino a la ausencia de información clara y fidedigna sobre menores de 18 años combatientes en sus filas, dejando...
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