El Contrabando Como Delito Continuado
I. INTRODUCCIÓN
Si bien la tarea de lucha contra el contrabando emprendida como política de estado ha centrado su enfoque hacia un fortalecimiento de la administración aduanera a través de su brazo operativo del Control Operativo Aduanero, y unendurecimiento sobre exigencias en requisitos sobre controles efectuados por la administración tributaria, las manifestaciones de este ilícito han ido desbordándose en un flujo significante. La legislación nacional reprime los actos de contrabando de dos maneras, la primera a través de la propia administración aduanera por mediante la instauración de procesos administrativos, y la segunda, por medio de lapersecución penal activada ante la autoridad jurisdiccional y ejercida por el Ministerio Público conjuntamente con la propia Aduana, siendo que en este último caso la posibilidad de aplicación de penas privativas de libertad de entre tres a seis años de reclusión.
Si bien, tanto los procesos administrativos como los penales, son revestidos de iguales características (tráfico por rutas noautorizadas, mercaderías prohibidas, etc.) en lo que refiere al hecho que los produce ambos son separados por la cantidad de tributos omitidos ponderados, ocurriendo que un monto menor a 50.000 UFV’s (unidades de fomento a la vivienda) conlleve un proceso administrativo y una cifra mayor la apertura de la vía penal. Tales circunstancias, en la razón que el Estado ha ejercido rigidez en la persecuciónpenal del contrabando dada su propia naturaleza represiva, ha originado que las personas dedicadas a este tipo de actividad dividan o fraccionen las mercancías, acudiendo de esa manera a acogerse a un proceso administrativo en el supuesto de que el tráfico sea detectado por los controles aduaneros.
Bajo estos argumentos el presente trabajo pretende exponer un sustento jurídico para la inclusióndel delito de contrabando fraccionado en la legislación nacional.
II. NOCIONES DE CRIMEN ECONÓMICO Y BIEN JURÍDICO TUTELADO
El derecho penal en la actualidad, no sólo acude en su ámbito de acción conductas que afecten directamente bienes inherentes a los individuos en su particular esfera (la vida, la integridad corporal, patrimonio, etc.), sino más bien atraviesa una retroalimentaciónpara sancionar conductas y acciones dañosas sobre bienes de carácter jurídico supraindividual, entendidos como aquellos que conciernen a la afectación de intereses colectivos, como ser: el orden económico, la propiedad intelectual, la fe pública, información, etc.
Es así que, a momento de referir la atención al término “delito económico”, se entenderá que:
“…se visualizan como conductasilícitas-antijurídicas que atentan contra un orden público económico territorial o estatal. (pudiendo ser concebidos) como infracciones que atenten contra la actividad interventora del Estado en la economía y aquellas infracciones que vulneran bienes jurídicos supraindividuales de contenido económico, que trascienden la dimensión individual, convirtiéndose en intereses generales o de amplios grupos depersonas” (WITKER, Jorge, Globalización y delitos económicos. (www.letrasjuridicas.com/Volumenes/13/witker13.pdf)
De la definición glosada se desprende la existencia de una doble dimensión en la estructura del bien jurídico tutelado en lo que a delitos económicos toca, por un lado, centrada en la regulación interventora del Estado, y por otra, en una visión extensa que abarca, los ya indicadosbienes jurídicos supraindividuales, sancionando conductas reflejadas en operaciones desreguladas de producción, distribución y comercialización, ocasionadas por comportamientos no violentos que den lugar a una pérdida financiera, afectando de tal cuenta a intereses colectivos.
En tal flanco y emergiendo la necesidad del Estado de proteger aquellos bienes colectivos, se instrumentalizan normativas...
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