El derecho de defensa
Páginas: 6 (1392 palabras)
Publicado: 30 de agosto de 2012
1. UNA FRASE INSPIRACIONAL PARA COMENZAR
Permítaseme iniciar este académico ejercicio, con una frase del numen de Maximilien Robespierre, cuyas memorables posturas en tiempos de la Francia revolucionaria, mantienen latente vigencia en un mundo que no acaba de encontrar el camino para consolidar el verdadero sentido de la justicia:
“Los países libres son aquellos en los que son respetados losderechos del hombre y donde las leyes, por consiguiente, son justas”.
2. UNA CONCRETA MIRADA AL DERECHO INTERNACIONAL.
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece, al unísono con el de la presunción de inocencia, el derecho de todo ser humano sindicado de haber cometido delito, a tener un juicio público justo, rodeado de todas las garantías para hacer efectiva su defensa.
ElConvenio de Roma es aún más concreto a este respecto, cuando contempla el derecho de cada quien a defenderse así mismo o a ser asistido por un defensor de su preferencia, precisando ante la eventual ausencia de medios para remunerar a un defensor, la asistencia gratuita por arte de un defensor de oficio, preceptos así mismo acogidos en los pactos de Nueva York y San José de Costa Rica,respectivamente, que por demás otorgan el carácter de irrenunciable al derecho a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado.
3. EL DERECHO A LA DEFENSA TECNICA EN EL CONSTITUCIONALISMO COLOMBIANO.
El artículo 29 de nuestra Constitución Nacional establece en su inciso primero la aplicación del debido proceso a todas las actuaciones administrativas y judiciales, precisando en su cuarto incisoque los sindicados tienen derecho a que los asista un abogado dentro de todo el proceso penal, garantía que se concreta en la designación de un defensor de confianza, o por medio de un defensor oficioso por parte del Estado, papel este materializado en la persona de los defensores públicos de la Defensoría del Pueblo.
En idéntico sentido, al aludir al derecho de defensa, la Ley 906 de 2004preceptúa que una vez adquirida la condición de imputado se tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, es decir la Fiscalía General de la Nación, a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado, esto es la Defensoría; en otros términos, desde la captura o desde la formulación de la imputación, según el caso, entiendo siempreque la defensa técnica habrá de estar presente desde la primera audiencia.
Descendiendo a nuestra realidad nacional, el cuestionamiento jurídico a resolver es si en efecto ¿La forma como está concebido el ejercicio de la defensa técnica en Colombia, luego de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, es suficientemente concordante con los postulados universales e internacionales queprocuran la efectivización de este derecho?
En principio la respuesta sería afirmativa; no obstante la experiencia tenida hasta el presente permite pensar en sentido contrario, por cuanto no siempre se da la predicada igualdad entre el poder acusador del Estado, y la usualmente famélica asistencia jurídica pública que éste presta. No es un secreto que de no contar el Indiciado con la posibilidadeconómica que le permita hacerse a una apropiada representación jurídica de confianza, su causa quedará a merced del servicio público jurídico que en criterio de este discípulo no es garantía de eficacia profesional, como lo enseño hacia el año 2003 la investigación adelantada por la Defensoría del Pueblo, con apoyo de la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos,que arrojó como resultado que la defensa de oficio legitima algunas actuaciones judiciales discutibles y su gestión es ineficiente, ineficaz y de mala calidad.
Un sencillo ejercicio comparativo permite concluir que no es insensata la anterior consideración:
1. Mientras el sistema inquisitivo exigía al órgano investigador del Estado, ocuparse de establecer con igual rigor, lo favorable y lo...
Permítaseme iniciar este académico ejercicio, con una frase del numen de Maximilien Robespierre, cuyas memorables posturas en tiempos de la Francia revolucionaria, mantienen latente vigencia en un mundo que no acaba de encontrar el camino para consolidar el verdadero sentido de la justicia:
“Los países libres son aquellos en los que son respetados losderechos del hombre y donde las leyes, por consiguiente, son justas”.
2. UNA CONCRETA MIRADA AL DERECHO INTERNACIONAL.
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece, al unísono con el de la presunción de inocencia, el derecho de todo ser humano sindicado de haber cometido delito, a tener un juicio público justo, rodeado de todas las garantías para hacer efectiva su defensa.
ElConvenio de Roma es aún más concreto a este respecto, cuando contempla el derecho de cada quien a defenderse así mismo o a ser asistido por un defensor de su preferencia, precisando ante la eventual ausencia de medios para remunerar a un defensor, la asistencia gratuita por arte de un defensor de oficio, preceptos así mismo acogidos en los pactos de Nueva York y San José de Costa Rica,respectivamente, que por demás otorgan el carácter de irrenunciable al derecho a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado.
3. EL DERECHO A LA DEFENSA TECNICA EN EL CONSTITUCIONALISMO COLOMBIANO.
El artículo 29 de nuestra Constitución Nacional establece en su inciso primero la aplicación del debido proceso a todas las actuaciones administrativas y judiciales, precisando en su cuarto incisoque los sindicados tienen derecho a que los asista un abogado dentro de todo el proceso penal, garantía que se concreta en la designación de un defensor de confianza, o por medio de un defensor oficioso por parte del Estado, papel este materializado en la persona de los defensores públicos de la Defensoría del Pueblo.
En idéntico sentido, al aludir al derecho de defensa, la Ley 906 de 2004preceptúa que una vez adquirida la condición de imputado se tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, es decir la Fiscalía General de la Nación, a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado, esto es la Defensoría; en otros términos, desde la captura o desde la formulación de la imputación, según el caso, entiendo siempreque la defensa técnica habrá de estar presente desde la primera audiencia.
Descendiendo a nuestra realidad nacional, el cuestionamiento jurídico a resolver es si en efecto ¿La forma como está concebido el ejercicio de la defensa técnica en Colombia, luego de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, es suficientemente concordante con los postulados universales e internacionales queprocuran la efectivización de este derecho?
En principio la respuesta sería afirmativa; no obstante la experiencia tenida hasta el presente permite pensar en sentido contrario, por cuanto no siempre se da la predicada igualdad entre el poder acusador del Estado, y la usualmente famélica asistencia jurídica pública que éste presta. No es un secreto que de no contar el Indiciado con la posibilidadeconómica que le permita hacerse a una apropiada representación jurídica de confianza, su causa quedará a merced del servicio público jurídico que en criterio de este discípulo no es garantía de eficacia profesional, como lo enseño hacia el año 2003 la investigación adelantada por la Defensoría del Pueblo, con apoyo de la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos,que arrojó como resultado que la defensa de oficio legitima algunas actuaciones judiciales discutibles y su gestión es ineficiente, ineficaz y de mala calidad.
Un sencillo ejercicio comparativo permite concluir que no es insensata la anterior consideración:
1. Mientras el sistema inquisitivo exigía al órgano investigador del Estado, ocuparse de establecer con igual rigor, lo favorable y lo...
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