el ensayo

En el alud de mapas enredados, crónicas eruditas, explicaciones jurídicas complejas, discursos patrioteros y anuncios contradictorios del gobierno a propósito del fallo de La Haya, es muy fácil que queden enterrados los dos hechos más obvios de este caso: el primero, que Colombia no ha debido ir al juicio; el segundo, que después de haber perdido, lo único que queda es resignarnos.

El primerhecho es dolorosamente obvio: si usted no tiene que ir a un juicio y si en el pleito no tiene nada que ganar, lo inteligente es por supuesto no ir al juicio.

Comienzo por la segunda condición. Imagine que usted tiene mil pesos y yo le propongo que juguemos este juego de dados: si salen pares, usted me da cien pesos, pero si salen impares, usted no me da nada. Nadie con dos dedos de frenteaceptaría semejante trato. Y no lo aceptaría aunque las probabilidades de perder fueran remotas. Por ejemplo, usted no jugaría aunque la condición fuera que me pague un centavo si yo saco pares siete veces seguidas, porque usted seguiría sin nada que ganar.

Pues algo así fue lo que hizo Colombia: en el mejor de los casos, el fallo nos hubiera dejado como estábamos. Colombia disfrutaba –y hastadonde le dio la gana ejerció durante más de un siglo– la soberanía sobre la totalidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con sus cayos, plataforma y zona económica exclusiva hasta el meridiano 82. Sobre esta base (la del Tratado Esguerra-Bárcenas), Colombia había firmado tratados con los demás países limítrofes, y mantenía el ejercicio “público, pacífico e ininterrumpido dejurisdicción” sin que nadie la estorbara (excepto por supuesto Nicaragua).

La pregunta del millón es entonces: ¿hubiéramos podido negarnos a aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia? Sobre este particular, las opiniones estaban divididas.

Por supuesto hay juristas –comenzando por los quince magistrados de La Haya– y hay argumentos muy sólidos para sostener que Colombiatenía que someterse al tribunal. Dice el artículo xxxi del ahora famoso Pacto de Bogotá que “las partes reconocen la jurisdicción de la Corte… en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre: a) la interpretación de un tratado; b) cualquier cuestión de Derecho Internacional…”. Más aún: según el artículo 53 del Estatuto de la Corte, el proceso habría proseguidoen ausencia de Colombia, de manera que el fallo hubiese podido ser todavía más desfavorable para nosotros.

Pero también había juristas que opinaban lo contrario –comenzando por el presidente López Michelsen y el Consejo de Estado en advertencias repetidas al gobierno– y había buenos argumentos para negarse a concurrir ante ese tribunal. Por un lado, tras declarar en 1930 que aceptaba lacompetencia de la Corte, Colombia hizo una reserva en 1937 que la exceptuó de casos como el de San Andrés. Por otro lado –y en todo caso– dice el artículo vi del Pacto de Bogotá que la Corte no tiene competencia sobre “los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en lafecha de la celebración del presente Pacto”. Pues bien: el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 entró en vigencia el 5 de mayo de 1930 vale decir, 18 años antes de que existiera el Pacto de Bogotá.

Admito que la tesis de la no competencia es discutible porque, sin ir más lejos, el artículo xxxiii del propio Pacto de Bogotá afirma que “si las partes no se pusieren de acuerdo acerca de la competenciade la Corte sobre el litigio, la propia Corte decidirá previamente esta cuestión” (¿y en qué quedan entonces las excepciones del artículo vi?). Pero no los aburro con tecnicismos jurídicos, ni tengo que demostrar que López o el Consejo de Estado tuvieran la razón.

Me basta con subrayar que aunque los argumentos no fueran tan sólidos, Colombia habría podido negarse a concurrir ante la Corte...