El Fuego Fatuo

El fuego fatuo del Caso Bombas
SANTIAGO ESCOBAR
Abogado y Cientista Político.

En marzo de 2010, el Ministro Rodrigo Hinzpeter emplazó fuertemente al Ministerio Público a obtener resultados en la investigación por la seguidilla de bombazos ocurridos en los últimos 3 años en distintas zonas de la capital.  En ese entonces la indagatoria la dirigía el ex fiscal de la zona oriente de Santiago,Xavier Armendáriz y el fiscal de Ñuñoa Francisco Jacir.
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El reclamo de Hinzpeter tuvo eco en el gabinete de Sabas Chahuán. El  Fiscal Nacional dio un golpe de timón y cambió al fiscal a cargo del caso. Desde ese momento la investigación pasó a manos de  Alejandro Peña, jefe de la Fiscalía Sur. Para llevarla adelante, Peña nombró a un grupo selecto de fiscales de su absolutaconfianza, entre ellos Héctor Barros, Francisco Rojas, Pablo Sabaj y Marcos Emilfork.
El 14 de agosto de ese año, en horas de la madrugada, en distintos “centros conspirativos de poder”, se produjeron allanamientos simultáneos dirigidos por Peña y sus fiscales de confianza. En un golpe de audacia propio de su estilo y sin agregar mayores antecedentes que los que manejaba Xavier Armendáriz,“construyó” una asociación ilícita terrorista, llevando a más de diez imputados a la justicia, a los que se les formalizó como autores de una asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos. La mayoría quedó en prisión preventiva.

Tanto la exclusión de pruebas como las decisiones de libertad para muchos de los detenidos, no han inhibido al gobierno de señalar que lo actuado no hasido un fracaso. Contracorriente de lo que ocurre, además, un desaparecido Ministro del Interior ha vuelto a la  palestra política con nuevos proyectos de ley para penalizar situaciones sociales, esta vez vinculadas al ambiente de movilizaciones por la educación.
Así se inició el llamado “Caso Bombas”. La acción del Fiscal fue anunciada como un triunfo propio por el Ministro del Interior, RodrigoHinzpeter,  y Alejandro Peña, junto a sus subalternos en el caso, celebró en la Fiscalía Sur hasta altas horas de la madrugada. El gobierno, además,  se dio un festín comunicacional en los días siguientes sobre la lucha contra el terrorismo y sus desvelos por la seguridad.
Sin embargo, las circunstancias en que se dieron los hechos llenaron de dudas a los expertos, sin perjuicio de reconocer loirredarguible: las bombas sí existieron. Los abogados defensores empezaron a hablar de un verdadero montaje, ya que no había antecedentes suficientes para probar tal asociación ilícita, la que sólo existía, según ellos, como realidad en la cabeza de Peña. Para reforzar sus argumentos invocaron el caso del “paquistaní”, el que se exhibió como ejemplo de un claro “modus operandi” ideológico de Peña ysus cercanos.
El caso dio un giro cuando se radicó la competencia en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago (de la jurisdicción de la zona oriente) y apareció la figura del juez Luis Avilés. Este hizo un paso destacado en la Corte de Apelaciones de Santiago como relator, y es conocido en el ambiente de los Juzgados de Garantía como un juez exigente y con profundo conocimiento profesional.Entonces las exigencias sobre la calidad de las pruebas y los plazos concretos empezaron a tomar forma.

Un hito fue la orden de cierre de la investigación por parte del Juez de Garantía. Con diez días para acusar, Alejandro Peña ordenó a los fiscales que lo hicieran. Pero según fuentes de la propia Fiscalía Sur, la forma cómo ello se hizo fue “un caos”. Así fue reconocido incluso por los fiscales quedeclararon en el sumario que instruyó el ministro Carlos Cerda, a raíz de la queja disciplinaria que esa Fiscalía interpuso contra Avilés por  sus dichos de que los argumentos usados por los fiscales acusadores eran “de cuarta categoría” y “sociología barata”.
En el curso de la presentación de la acusación y la audiencia preparatoria el juez Avilés excluyó cientos de pruebas presentadas por...