El impulso oficioso como principio en los procesos administrativos de consumo y competencia
Lilliam Marenco Leal
El impulso oficioso como Principio
en los procesos administrativos
de Consumo y Competencia
Sumario
I. Introducción
II. Consideraciones Preliminares
III. Conceptualización General
IV. Principios
a) Principios que rigen la Ley 601, de Defensa de la Competenciab) Principios del Proceso Administrativo según la legislación Nicaragüense.
c) Principios Generales del Proceso Administrativo
d) Principios Generales del Derecho Procesal
e) Principios Generales del Derecho
f) Principios del Estado de Derecho
V. Observaciones Especiales
VI. ReflexionesFinales
VII. Bibliografía
CENTRO DIKÉ
Managua, 02 de Septiembre de 2010.
I. INTRODUCCION
Estos apuntes de Derecho han sido realizados a fin de visibilizar los recursos legales disponibles en las leyes nacionales sobre la oficiosidad administrativa en las materias de Derecho de Consumo y Derecho de Competencia, y que a veces por la amplitud y variedad de las mismas leyesresulta muy difícil de concentrar la información especializada.
Comenzaremos abordando algunas consideraciones con las cuales se pretende abordar nociones doctrinarias combinadas con aplicaciones técnicas jurídicas en dichas materias, respecto a la aplicabilidad y la subutilización del principio de oficiosidad en el sistema procedimental administrativo nicaragüense para ambos casos, así como de losdemás Principios de Derecho que en su conjunto y de ser aplicados contribuyen al proceso tanto como la misma letra muerta de la norma.
Continuaremos con un breve repaso conceptual a fin de poner a tono al lector con las posteriores referencias y razonamientos, y propiciar una mejor aprehensión del tema y extender el criterio a partir de las normas que se van señalando así como su relacióncon otras disposiciones conexas y de interés.
El método utilizado has sido inductivo, de manera que desde el estudio de las leyes de la materia en el caso de Consumo y Competencia, por ser en muchos aspectos tímidas en sus disposiciones, nos fueran abriendo campo hacia los cuerpos legales de mayor rango que permiten compensar sus vacíos o carencias.
Este es un esfuerzo en el marco de losartículos 11, 36 y 37 de la Ley 182, de Defensa de los Consumidores y de los artos. 46, 60, 61 y 63 de su Reglamento sobre la Educación para el consumo y la vinculación de las Asociaciones de Consumidores en ese proceso como también del Ministerio de Educación. Así mismo se apega con lo contenido en el arto. 70 del Reglamento a la Ley 601 de Promoción de la Competencia sobre la Divulgación de la Ley ydel Reglamento, y la promoción de campañas de divulgación de información relativa a los derechos y obligaciones, a favor de los consumidores y de los agentes económicos, así como la forma de hacerlos valer.
II. CONSIDERACIONES PRELIMINAR
No podemos, en materia de derechos, retornar a las épocas en que se podía sostener que una garantía determinada era inaplicable “porque no existeaun ley que la reglamente” o porque le falta “la orden del superior,” o se incumple una orden superior porque no está por escrito, etc. Los argumentos de mente burocrática para no actuar son infinitos. En otras palabras, haya o no haya ley nacional que reglamente y desarrolle los preceptos del derecho o en este caso de la reglamentación administrativa, de cómo o qué criterio es pertinente cumplir,lo cierto es que debe siempre aplicarse en forma directa e inmediata los Principios de Derecho, sin que deban requerirse “intermediarios normativos”.
Debemos mencionar el caso de aquellas materias cuyos procesos se rigen por el principio de justicia rogada como es en lo Civil o Laboral, pero en materia administrativa un jurista valorativo con espíritu de justicia debe también hacer una...
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