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Publicado: 25 de octubre de 2012
En carta a Santos, director de esa ONG manifestó su preocupación y la calificó como "injustificada".
La reforma constitucional que avanza en el Congreso y que busca ampliar el llamado fuero militar no solo es innecesaria sino que prácticamente garantiza que graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusossexuales, queden en la impunidad.
Eso dice una extensa y dura carta que envió esta mañana la organización Human Rights Watch al presidente Juan Manuel Santos, y en la que le advierte que la ayuda que brinda Estados Unidos al país podría quedar en entredicho si la norma es sancionada con su actual redacción.
La carta, firmado por el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, tambiénindica que Colombia, por cuenta de la modificación, quedaría expuesta a acciones de la Corte Penal Internacional.
"Sería un paso equivocado adoptar una reforma que cause un profundo retroceso para el Estado de Derecho, con la finalidad de resolver un problema que en realidad no existe", dice Vivanco en la misiva.
Para esta organización, el argumento central que ha usado el gobierno paraavanzar la reforma -poner fin a la inseguridad jurídica que viven los militares en el contexto actual- es un simple "mito" que no se sostiene en la realidad.
Según esta ONG, este mito se basa en tres conceptos erróneos. El primero es que los militares temen ser investigados y juzgados por causar bajas legítimas en combate, y eso afecta su desempeño, pues un acuerdo con la Fiscalía del año 2006 leotorga a este órgano la facultad de determinar en primera instancia si hubo una violación de Derechos Humanos, en cuyo caso se remite a la justicia ordinaria, o si fue una acción legítima y la investigación debe quedar en manos de la justicia penal militar.
Así mismo, que en algunos casos se les está juzgado sin méritos. Para la ONG, este acuerdo era necesario, pues en el pasado, miembros delEjército han ejecutado a civiles y luego los han hecho pasar por combatientes (los llamados falsos positivos).
Pero más allá, dice HRW, los hechos demuestran que los fiscales de la justicia ordinaria no están iniciando investigaciones ni juzgando a militares cuando se ha tratado de bajas legítimas de combatientes.
“El Ministerio de Defensa indica que desde 2009, luego de que se desató elescándalo de los “falsos positivos”, la fuerza pública colombiana ha matado en combate a 1.964 guerrilleros y miembros de grupos sucesores de los paramilitares. Si estas muertes reportadas como bajas en combate estuvieran efectivamente dando lugar a la investigación penal de los militares involucrados, en este momento habría cientos o incluso miles de militares que estarían siendo investigados por laFiscalía por presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2009”, dice la carta.
Según el propio Ejército, sostiene la ONG, se encuentran en curso solo 22 investigaciones por presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2009 y en ningún de los casos se está alegando que las acusaciones fueron infundadas.
El segundo argumento de quienes defienden la noción de “inseguridadjurídica” es que los fiscales de la justicia ordinaria tardan mucho tiempo en resolver los casos y mientras tanto militares inocentes están siendo detenidos y encarcelados durante períodos prolongados sin haber sido condenados por ningún delito.
Aunque es cierto que los procesos avanzan con lentitud, HRW anota que no se han aportado pruebas de que las imputaciones contra ellos sean infundadas.
Asímismo, la ONG se opone a la idea de que la justicia penal militar podría investigar y juzgar con mayor celeridad.
“Si bien en el ámbito de la justicia ordinaria las investigaciones y el juzgamiento de abusos militares avanzan con lentitud, la justicia penal militar es un ejemplo de impunidad -y no de rendición de cuentas- por delitos atroces”, afirma Vivanco en su comunicación.
Para la...
La reforma constitucional que avanza en el Congreso y que busca ampliar el llamado fuero militar no solo es innecesaria sino que prácticamente garantiza que graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusossexuales, queden en la impunidad.
Eso dice una extensa y dura carta que envió esta mañana la organización Human Rights Watch al presidente Juan Manuel Santos, y en la que le advierte que la ayuda que brinda Estados Unidos al país podría quedar en entredicho si la norma es sancionada con su actual redacción.
La carta, firmado por el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, tambiénindica que Colombia, por cuenta de la modificación, quedaría expuesta a acciones de la Corte Penal Internacional.
"Sería un paso equivocado adoptar una reforma que cause un profundo retroceso para el Estado de Derecho, con la finalidad de resolver un problema que en realidad no existe", dice Vivanco en la misiva.
Para esta organización, el argumento central que ha usado el gobierno paraavanzar la reforma -poner fin a la inseguridad jurídica que viven los militares en el contexto actual- es un simple "mito" que no se sostiene en la realidad.
Según esta ONG, este mito se basa en tres conceptos erróneos. El primero es que los militares temen ser investigados y juzgados por causar bajas legítimas en combate, y eso afecta su desempeño, pues un acuerdo con la Fiscalía del año 2006 leotorga a este órgano la facultad de determinar en primera instancia si hubo una violación de Derechos Humanos, en cuyo caso se remite a la justicia ordinaria, o si fue una acción legítima y la investigación debe quedar en manos de la justicia penal militar.
Así mismo, que en algunos casos se les está juzgado sin méritos. Para la ONG, este acuerdo era necesario, pues en el pasado, miembros delEjército han ejecutado a civiles y luego los han hecho pasar por combatientes (los llamados falsos positivos).
Pero más allá, dice HRW, los hechos demuestran que los fiscales de la justicia ordinaria no están iniciando investigaciones ni juzgando a militares cuando se ha tratado de bajas legítimas de combatientes.
“El Ministerio de Defensa indica que desde 2009, luego de que se desató elescándalo de los “falsos positivos”, la fuerza pública colombiana ha matado en combate a 1.964 guerrilleros y miembros de grupos sucesores de los paramilitares. Si estas muertes reportadas como bajas en combate estuvieran efectivamente dando lugar a la investigación penal de los militares involucrados, en este momento habría cientos o incluso miles de militares que estarían siendo investigados por laFiscalía por presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2009”, dice la carta.
Según el propio Ejército, sostiene la ONG, se encuentran en curso solo 22 investigaciones por presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2009 y en ningún de los casos se está alegando que las acusaciones fueron infundadas.
El segundo argumento de quienes defienden la noción de “inseguridadjurídica” es que los fiscales de la justicia ordinaria tardan mucho tiempo en resolver los casos y mientras tanto militares inocentes están siendo detenidos y encarcelados durante períodos prolongados sin haber sido condenados por ningún delito.
Aunque es cierto que los procesos avanzan con lentitud, HRW anota que no se han aportado pruebas de que las imputaciones contra ellos sean infundadas.
Asímismo, la ONG se opone a la idea de que la justicia penal militar podría investigar y juzgar con mayor celeridad.
“Si bien en el ámbito de la justicia ordinaria las investigaciones y el juzgamiento de abusos militares avanzan con lentitud, la justicia penal militar es un ejemplo de impunidad -y no de rendición de cuentas- por delitos atroces”, afirma Vivanco en su comunicación.
Para la...
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