el peito rico

Ante el Tribunal Internacional de Opinión sobre el Sur de Bolívar
París, Francia

noviembre de 2003, por Javier Giraldo M. , S.J.
Honorables miembros del Jurado
Amables asistentes solidarios aquí presentes.

Antes de entrar en un análisis sobre el funcionamiento de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en Colombia, quisiera decir algunas palabras sobre la fuente de estasreflexiones y análisis, dado que nos encontramos en una crisis de credibilidad de los discursos. Y mucho más en Colombia y en los países que viven agudos conflictos sociales y armados, donde se sigue comprobando esa antigua tesis, según la cual, "la verdad es la primera víctima de la guerra". Quienes utilizan para sus análisis los diarios o revistas más difundidos se ligan, muchas veces sin saberlo, ainformaciones confeccionadas y manipuladas en muchos círculos de poder que no dan acceso, ni de lejos, a la realidad real, y mucho menos a la realidad de las víctimas de estos crímenes.

Por eso quiero apelar en este testimonio, ante todo, a mi propia experiencia y desde ella discernir otras informaciones y análisis de organizaciones, instituciones y expertos, nacionales e internacionales.Cuando terminaba el año 1982 me tocó asistir al nacimiento de la práctica de la desaparición forzada en Colombia. En esa época trabajaba en el centro de investigaciones sociales de los Jesuitas en Bogotá y justamente estaba organizando su primera oficina de derechos humanos. Desde allí acompañé a los familiares de las víctimas de la primera desaparición colectiva, tratando de rescatar con vida aesas personas. Fueron numerosos los contactos con autoridades de todo orden y fue intenso el seguimiento de los casos en compañía de sus familias, pero mientras para nosotros la verdad se fue haciendo cada vez más evidente, nos fuimos estrellando contra una muralla inexpugnable que protegía a los victimarios plenamente identificados. Diez años después, un periodista norteamericano por su propiainiciativa comprobaría muchas de nuestras conclusiones. Sin embargo, todos los agentes del Estado que participaron en esos crímenes están hoy fuera del alcance de la justicia, con una especie de blindaje que ni siquiera afecta sus sueldos de retiro digno de la fuerza pública. En los 20 años que han seguido, he conocido numerosos casos de desaparición forzada que siguen, en esencia, el mismolibreto.

Cuando a partir de 1988 se me encomendó la dirección de la recién fundada Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, uno de los campos que decidí organizar desde el comienzo fue el de un Servicio Jurídico para las familias y comunidades más desprotegidas a las cuales pertenecían muchas víctimas de graves violencias perpetradas por agentes del Estado. Estas prácticas me permitieronconocer más a fondo el funcionamiento del poder judicial y disciplinario del Estado e ir detectando, a través de experiencias muy dolorosas y trágicas, los mecanismos de la impunidad.

Durante los primeros 7 años de mi servicio en Justicia y Paz estuve animado de un optimismo fundamental en la búsqueda de justicia y reparación. Ese período coincidió con la fundación de numerosos organismos dentrodel Estado, cuya misión era ocuparse de la protección de los derechos humanos. También en ese período se preparó y se realizó la Asamblea Constituyente que dio origen a una nueva Constitución en 1991, la cual incorporó a su texto muchos elementos del Derecho Internacional para la protección de los derechos humanos. Fue un período en el cual me familiaricé con los procedimientos judiciales ydisciplinarios; acompañé a numerosos testigos a rendir declaraciones y a muchos funcionarios en sus visitas a los escenarios de los crímenes. Pero la cosecha de todo esto fue en extremo decepcionante. Quizás los efectos más tangibles fueron los asesinatos de muchos testigos; los desplazamientos forzados de muchas comunidades; el incremento del control paramilitar en las comunidades que denunciaron; la...