El principio de legalidad y la responsabilidad civil y penal de los funcionarios
La corrupción es un fenómeno político, social y económico de carácter mundial que la opinión pública percibe como el enriquecimiento ilícito utilizando los recursos del Estado y el abusodel Poder. No obstante, en el ámbito internacional, se define como el “uso de una posición pública para la adquisición de beneficios ilegales”. Sin embargo, la corrupción engloba mucho más que eso. Es un mal que toca y devora todos los aspectos que estructuran una sociedad, sin importar su nivel de desarrollo ni las circunstancias sociopolíticas en que se encuentre. Se trata de todo un engranajesistemático diseñado para la realización de actos ilícitos, a los fines de obtener algún determinado beneficio.
Asimismo, la República Dominicana no escapa a la realidad regional que la envuelve. El cáncer de la corrupción está tan avanzado en las democracias de América Latina, que difícilmente podrá ser extirpado -o al menos controlado- sin el uso de medidas drásticas por parte de los gobiernosy de la cooperación de la comunidad internacional. Este flagelo ha tenido como secuela el aumento de la pobreza y el debilitamiento del sistema democrático en dicha región; razón por la cual, sus países miembros han establecido como tema principal de su agenda, la “Lucha Contra La Corrupción” en todas sus dimensiones. Los artículos 4 y 6 de nuestra Carta Magna sirven de eslabón para medir elnivel de apego de los funcionarios públicos a los principios de la transparencia de sus funciones y el cumplimiento cabal de lo que establece la Constitución.
Los artículos 4 y 6 definen claramente el papel a desempeñar todos los funcionarios de la Administración Publica:
Artículo 4
El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en PoderLegislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.
Articulo 6
Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma supremay fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.
El principio de legalidad es el arranque constitucional de este principio está en el artículo 9.2 de la Constitución y se concreta, para la Administración Pública, en el artículo 103.
En cuanto a los Reglamentos, tienen un caráctersubordinado a la ley, y en ningún caso pueden ir contra la ley (será nulo de pleno derecho).
La consecuencia extrema de este principio es la inderogabilidad singular de los Reglamentos (artículo 5.2 de la ley 30/92) Significa que nunca un acto puede ir contra un reglamento, incluso en el caso de que este Reglamento proceda de un órgano del mismo nivel o inferior que el que ha adoptado el acto. Se llevaa tal extremo que prima sobre la jerarquía administrativa.
Principio de legalidad entendido en un sentido negativo: Lo mínimo que hay que exigirle a la Administración a la hora de respetar sus normas. Nunca un acto podrá ir contra lo dispuesto en la norma;
Principio de legalidad entendido en un sentido positivo: La Administración sólo puede dictar criterios en los términos exactos que la leyautoriza.
Todo acto del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución es nulo, y los funcionarios y empleados públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores manifiestamente contrarias a la Constitución y a las leyes.
Es evidente que la Administración...
Regístrate para leer el documento completo.