EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD


1) ANTECEDENTES:
Uno de los problemas más críticos en el ámbito jurisdiccional es la necesidad de acelerar la administración de justicia, cuestión que es más relevante cuando se trata de la justicia penal, por las implicaciones que sabemos conlleva. Ante este gran reto, los diversos ordenamientos han ido modificando sus sistemas procesales, atendiendo a laexperiencia de otros modelos.1

En tal sentido, el Principio de Oportunidad tiene precisamente como fin sustituir el mecanismo de la prisión por otros métodos alternativos menos violentos. De esta forma, en base al Principio de Mínima Intervención, afianza la legitimidad de la intervención estatal sólo en aquellos casos en los cuales se han agotado todas las demás posibilidades de resolución de conflictosno violentas. Como bien ha señalado JORGE KENT,2 existe en nuestras sociedades un creciente pesimismo acerca de las posibilidades de controlar y manejar el encarcelamiento y que, en lo que concierne a la mayoría de las personas que delinquen, el tratamiento en prisión no consigue el resultado esperado como institución. Habría que agregar, además, el alto costo económico que representan para elEstado las medidas privativas de libertad.

Es así como al monopolio estatal de perseguir y castigar las acciones más reprochables, se le contraponen otros mecanismos de resolución pacífica de conflictos amparados bajo el mencionado Principio de Oportunidad, tal cual establece el Artículo 34 del CPP: El Ministerio Público puede, mediante dictamen motivado, prescindir de la acción pública respecto deuno o varios de los hechos
atribuidos, respecto de uno o de algunos de los imputados o limitarse a una o algunas de las calificaciones jurídicas posibles, cuando:

1. Se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido o no comprometa gravemente el interés público. Este criterio no se aplica cuando el máximo de la pena imponible sea superior a dos años de privación delibertad o cuando lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o en ocasión de éste.

2. El imputado haya sufrido, como consecuencia directa del hecho, un daño físico o psíquico grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena o cuando, en ocasión de una infracción culposa, haya sufrido un daño moral de difícil superación.

3. La pena que corresponde por el hecho ocalificación jurídica de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta, a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones pendientes, o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.

Como puede observarse, se trata más bien de una cuestión de economía procesal, en el sentido de que se procura la simplificación yacortamiento del proceso, cuando no su extinción, haciendo innecesaria la celebración de un juicio oral.

Para algunos doctrinarios, la aplicación del Principio de Oportunidad vulnera los Principios de Legalidad y Obligatoriedad del ejercicio de la acción penal, entendido el primero como la obligación que tiene el Ministerio Público de promover, inmediatamente tenga conocimiento de la noticiacriminis, la acción penal. No obstante, como puede colegirse del artículo previamente citado, la aplicación del Principio de Oportunidad está condicionada a los propios parámetros establecidos en la ley, encontrándose tal decisión bajo el amparo de la legalidad.

Otros afirman que el Principio de Legalidad no debe ser aplicado de manera restrictiva dentro de un modelo procesal acusatorio y garantista,por lo que es deber del Ministerio Público, una vez toma conocimiento de un hecho delictivo, ponderar y considerar aplicar mecanismos alternativos, bajo las causales que el mismo Código establece.

En otros sistemas jurídicos, por ejemplo el norteamericano, el fiscal tiene completa discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal, pudiendo, ya sea elevar la acción, abstenerse de hacerlo, o...