EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO EN EL DERECHO TRIBUTARIO: ALGUNOS SUPUESTOS

EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
EN EL DERECHO TRIBUTARIO: ALGUNOS SUPUESTOS

Por
Eduardo Barrachina Juan
Magistrado por oposición de lo Contencioso-administrativo
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Introducción

El principio de responsabilidad patrimonial del Estado deriva, en principio, del funcionamiento regular o irregular de la actividadadministrativa que provoca una la lesión a los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, entendiendo aquélla como un perjuicio antijurídico que éstos no tienen el deber de soportar, por no existir causa alguna que lo justifique. La evolución de este principio constitucional amparado en el artículo 106.21, ha sido constante, al ampliar progresivamente el ámbito de supuestos contemplados en elmismo. Si bien originariamente quedó reducido a la indemnización de daños materiales, poco a poco, fue comprendiendo todos los aspectos de la actividad regular o irregular de la Administración Pública, que tuvieran una interferencia negativa en el ámbito de los derechos e intereses legítimos de los particulares. El antiguo artículo 40 de la Ley del Régimen Jurídico de la Administración del Estado,el todavía vigente artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.954 y los artículos 133 y 134 de su Reglamento, reflejan claramente una conceptuación objetiva de este principio de responsabilidad patrimonial, siempre que la lesión o daño causado sea como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre2también regula ampliamente el principio de responsabilidad patrimonial del Estado, destacando el concepto básico del mismo, así como los requisitos que deben concurrir para su apreciación, y al mismo tiempo se fundamenta en un principio de responsabilidad objetiva que, al fundamentarse en la actividad regular o irregular de las Administraciones Públicas también puede y debe ser aplicado a laactividad de la Administración tributaria en sus diversos aspectos.

A pesar de ello y de que el artículo 106.2 de la Constitución no admite excepciones en su aplicación en lo que al ámbito subjetivo se refiere, no es normal que tal principio se aplique a la actividad de la Administración tributaria y es lógico pensar que también en esta clase de Administración Pública se puede producir el presupuestode hecho que justifica la exigencia de este principio constitucional en beneficio del particular.

No es fácil encontrar el reconocimiento de este principio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Al parecer y hasta ahora, en algunas sentencias se limitan a reconocer ciertos perjuicios habidos al contribuyente demandante, cuando se condena a la Administración al pago de los intereses dedemora generados en favor del interesado, o bien, cuando se condena a la Administración tributaria al pago de los gastos derivados del aval bancario o de otra garantía aportada3 a fin de conseguir la suspensión de la ejecución inmediata del importe de la deuda tributaria, o bien, a lo sumo, la condena en las costas procesales causadas como consecuencia del proceso jurisdiccional.

Limitar en losconceptos anteriormente indicados cualquier idea de resarcimiento, supone ignorar que, pueden producirse otros y de hecho se producen, como consecuencia de la actividad de la Administración tributaria, que de este modo, se impide un adecuado resarcimiento al sujeto pasivo destinatario de esa actividad.

Es lógico pensar que pueden darse supuestos de irregularidades en la actividad procedentede la Administración tributaria, que produzcan un daño o lesión y que el sujeto pasivo no tenga por que soportarlo. Pensemos en supuestos tales como la existencia de prescripción a efectos de poder determinar4 por la Administración tributaria, el importe de la deuda tributaria o exigir el pago de una deuda tributaria liquidada, cuando es suficiente un sencillo cómputo del paso del tiempo para...