El proceso inquilinario en venezuela

EL PROCESO INQUILINARIO EN VENEZUELA
Por Cora Farias Altuve
Co-redactora del Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios
Presidenta de la Fundación Venezolana de Derecho Inquilinario
Ex Magistrada Judicial
Profesora de la Cátedra “Procedimientos Inquilinarios”
en la Universidad Central de Venezuela, Caracas
I. INTRODUCCIÓN
Antes de iniciar los comentarios sobre el proceso inquilinario,vale la ocasión acotar
que el Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios1 Nº 427 de fecha 25 de octubre de
1999 publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.845 del 7 de diciembre del mismo año, fue
dictado por el Dr. Ignacio Arcaya, encargado de la Presidencia de la República en uso
de la Ley Orgánica que autorizó al Presidente de la República Hugo Rafael Chávez
Frías para dictar MedidasExtraordinarias en materia económica y financiera requeridas
por el interés público de fecha 26 de abril de 1999 y publicado en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela Nº 36.687 de esa misma fecha, introdujo cambios importantes
tanto en lo sustantivo como en lo procesal constituyendo más que una fusión de leyes,
una reforma legislativa.
Sin dejar de proteger los intereses de la parte llamada débilo inquilino, el Decreto Ley
buscó un equilibrio entre los intereses socio-económicos del arrendador y del
arrendatario ambos valiosos y legítimos, al establecer normas procesales novedosas que
han permitido imprimir a los procesos judiciales la necesaria celeridad para que los
conflictos sean decididos prontamente con verdadero sentido de justicia y equidad.
La Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela2 desarrolla en su artículo 26
lo que la doctrina y la jurisprudencia ha denominado el Derecho de Acceso a la Justicia
y la Tutela Judicial Efectiva que consiste, entre otras cosas, el derecho de los
ciudadanos a obtener con prontitud la decisión correspondiente de manera oportuna y
eficaz sobre el asunto planteado a los órganos judiciales; derecho constitucionalíntimamente relacionado con la garantía de la seguridad jurídica.
Sin embargo, la celeridad o retardo de los procesos no depende de las leyes, sino de los
órganos judiciales que son los llamados a cumplir con los plazos procesales.
En Venezuela se observa que los asuntos vinculados con esta especial materia
conectada al constante problema de la vivienda, se han visto plagados por la inactividad
porparte de los jueces quienes por variadas razones de tipo político y socio-económico,
no han cumplido a cabalidad con los principios que los norman focalizados tanto en la
celeridad como la brevedad debido a la escasez de unidades que le brinden a la familia
venezolana, en forma prioritaria, la garantía de un vivienda digna y accesible a sus
requerimientos. Demostración palpable de ello, es quehasta el año 2000 el texto
inquilinario que regulaba las relaciones locativas respecto a cualquier tipo de inmueble
1 Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios: L.A.I.
2 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: C.R.B.V.
REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO PROCESAL GARANTISTA 2008
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fue el Decreto Legislativo sobre Desalojos de Viviendas del año 1947 y la Ley de
Regulación deAlquileres del año 1960, ambos derogados.
Así las cosas, con la legislación derogada, el proceso inquilinario era lo suficientemente
demorado hasta el extremo que transcurrían varios años para que el propietario de un
inmueble arrendado lograra restituirse en su posesión adicionado a que cada día por la
no construcción de viviendas destinadas para alquiler, el vigente problema habitacional
escada día más acentuado.
El vigente Decreto Ley establece en el artículo 33 que independientemente de su
cuantía, las demandas por desalojo, cumplimiento de contrato, resolución de contrato,
reintegro de sobrealquileres, reintegro de depósito en garantía, ejecución de garantías,
prórroga legal, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y cualquier acción
derivada de una relación...