El proceso penal español y la prueba ilícita

EL PROCESO PENAL ESPAÑOL Y LA PRUEBA ILÍCITA
Resumen
En el presente trabajo se analiza si cabe hablar de un régimen legal de la prueba ilícita en el Derecho español, con exposición de sus antecedentes legislativos, de su fundamento legal y de las particularidades de su regulación. Asimismo, se expone cuál ha sido la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional de España en materia deeficacia de la prueba ilícitamente obtenida, desde su creación, en los primeros años ochenta, hasta el presente.

1. Objetivos del presente trabajo
1. Uno de los problemas más visibles del proceso penal español en los últimos años ha sido el de la acomodación de las viejas leyes procesales al nuevo U régimen de principios y garantías establecidos en la Constitución de 1978. La Ley deEnjuiciamiento Criminal española (en adelante, LECrim) data de 1882 y, aunque en su momento supuso un sustancial cambio de perspectiva en el enjuiciamiento penal con respecto a los modelos tradicionales de justicia en España, no ha permanecido impermeable al paso del tiempo en sus más de ciento veinte años de vigencia.
La conciliación de la Constitución española y la LECrim se ha hecho especialmentenecesaria en materia probatoria, un campo esencial, toda vez que, en pocos ámbitos como el penal, se hace tan evidente la necesidad de establecer garantías ciudadanas contra las facultades de investigación atribuidas a los poderes públicos. Aunque la LECrim establecía originalmente una extensa -y, en algunos puntos, minuciosa- regulación de la actividad de prueba, tanto en la fase preliminar como en la dejuicio oral, sus postulados quedaban al cabo del tiempo desfasados en ciertos campos, tanto por desconocer los modernos medios e instrumentos técnicos auxiliares de la investigación penal, que han sobrevenido a lo largo de su vigencia, como por su falta de puesta al día a las más modernas líneas doctrinales sobre garantías en materia probatoria y, en concreto, en lo que se refiere a las garantíasde licitud de la prueba. La cuestión es, en este punto, establecer si se puede hablar hoy, en el proceso penal español, de un sistema legal de prueba ilícita, y determinar, en su caso, sus perfiles definitorios, sus condicionantes y, por qué no, en su caso, sus deficiencias.
2. Prueba penal y garantía: planteamiento general
2. En pocos campos se materializa con tanta nitidez la naturalezagarantista del proceso jurisdiccional como en materia probatoria. El objetivo último, la Justicia, no es, en términos generales, un fin incondicionado ni exento de limitaciones y, por ello, cabe establecer (y, de hecho, existen) fronteras a su ejercicio, siempre sobre la base de la protección de intereses dignos de tutela jurídica de igual entidad a los que atañe la actuación de jueces y magistrados.El proceso, y muy singularmente el proceso penal, no es, por ende, territorio abonado a favor del todo vale, en pos del cumplimiento de los objetivos atribuidos a la jurisdicción. Como en este mismo sentido señaló Couture, configurado como garantía individual, "el proceso (civil o penal) ampara al individuo y lo defiende del abuso de la autoridad del juez, de la prepotencia de los acreedores o dela saña de los perseguidores".
La probatoria, que es una actividad genuinamente procesal, participa -como decimos- de esa misma naturaleza; con un énfasis especial en el proceso penal, que se concibe como medio único para la realización del Derecho penal sustantivo, y en la que la averiguación del hecho sucedido se inserta dentro del interés público predominante en la persecución jurídica deldelito como medio de la consecución de la política criminal del Estado. La prueba, en un sentido lato -esto es, englobando en ella no solo los actos probatorios realizados dentro del juicio, una vez formuladas las pretensiones punitivas y defensivas de las partes, sino también todas las diligencias de investigación practicadas durante la instrucción preliminar (que en el Derecho español se denomina,...