El sin y el grupo colina: un punto de inflexión en la estrategia contra la subversión

El SIN y el grupo “Colina”: un punto de inflexión en la estrategia contra la subversión

Victor Manuel Quinteros Marquina (*)

Habiendo transcurrido 124 sesiones del juicio a Fujimori, y correspondiendo a la defensa del acusado la respectiva presentación y sustentación de pruebas documentales, es oportuno referirse a uno de los temas más debatidos en esta etapa del juicio y que corresponde auna de las imputaciones contenidas en la acusación del Ministerio Público, referida a la decisión del ex presidente Alberto Fujimori de aplicar una política de Estado para combatir la subversión usando los métodos de guerra de baja intensidad[1], “política” que supuso la decisión y manejo personal del propio acusado, como parte de una estrategia configurada a partir del dictado de un conjunto denormas legales aprobadas a partir de junio de 1991[2].

Este extremo de la acusación fiscal, como ha podido observarse a lo largo del juicio, motivó por parte de la defensa, una línea de argumentación sustentada en la ausencia de atribuciones por parte del ex presidente de la República, para definir estrategias de combate y para manejar y dirigir una supuesta política de guerra de bajaintensidad, cuya aprobación también cuestiona por no ceñirse a los procedimientos formales que tal decisión de gobierno exigía.

Según la defensa del acusado, el Ministerio Público asigna al ex presidente Fujimori una posición de garante normativa –no de facto- al valerse de un conjunto de normas legales para determinar dicho nivel de dirección (decidir y manejar personalmente la política antisubversiva),y por ello orienta el debate al análisis de las directivas que efectivamente aprobó como parte de dicho marco normativo. Siguiendo esa misma línea es que no se plantea, por parte de la defensa, un debate que involucre decisiones adoptadas al margen de la ley, esto es, disposiciones diferentes a una “política de Estado” concebida en el marco del referido “andamiaje legal[3]”.

Por su parte, laparte civil ahonda aún más en este nivel de debate, y siempre refiriéndose a la existencia de una política de guerra sucia contra la subversión, asigna a ésta un carácter sistemático, basándose para ello en el análisis efectuado por diversos documentos como el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) e informes de diversas entidades internaciones vinculadas a la protecciónde los derechos humanos, como Amnistía Internacional, que dan cuenta de patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos y registros estadísticos que evidencian centenares de denuncias sobre este tipo de crímenes efectuadas entre los años 1991 a 1993, años en que se sostiene que el acusado decidió la aplicación del tipo de guerra en mención (guerra sucia contra la subversión).

Es eneste nivel de debate (ámbito de las políticas de Estado), que la defensa concluye que el acusado no aprobó ni dirigió una política de guerra sucia contra la subversión, aspectos que considera no han sido probados por la parte acusadora.

Implementación de la “guerra sucia”: oportunidad y conducción

Sin duda, el caso resulta complejo e involucra múltiples interpretaciones respecto de una mismarealidad, entre ellas, aquellas orientadas a sustentar la culpabilidad o inocencia del acusado, y pueda también que dicha amplitud de interpretaciones motive algunos matices respecto a algunas de las conclusiones que se van dando a conocer en el marco del juicio, como la referida a la implementación de la guerra sucia contra la subversión y su conducción. Sobre este punto específico, considero quela defensa no se equivoca en señalar que Fujimori fue el conductor político y no militar de la guerra, y por su parte, la parte acusadora acierta sobre el necesario conocimiento –del acusado- respecto a las barbaridades cometidas durante su régimen, conocimiento que se hace más evidente en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, en tanto ejecutados por un grupo operativo que nació en el seno...