el vladi

el desarrollo
humano de la sociedad.
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todos los niveles de gobierno
ponen algunos datos a la
disposición del público,
éstos adolecen de inconsistencias internas
y falta de comparabi
lidad entre lugares
y tiempos. Así, el número total de crím
enes cometidos puede rebasar ampliamente
al número reportado a las aut
oridades, pues se calcula
que, en promedio, 66% de
los ilícitos cometidos en el paísno se denuncia.
Un indicador que ilustra el grado en qu
e el patrimonio y la integridad física
de las personas se ven afectados es el Í
ndice de Incidencia Delictiva y Violencia
(IIDV). En el año 2000, IIDV mostraba a Baja
California y al Distrito Federal como
entidades con alta incidencia delictiva y
violencia. Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco
y Guerrero les seguían con una incidencia
media-alta.En los últimos lugares se
encontraban Colima, Aguascalientes, Mic
hoacán, Zacatecas, Hidalgo, Campeche
y Guanajuato, con una inci
dencia delictiva baja.
Acciones específicas de prevenci
ón, atención al entorno urbano y
fortalecimiento de redes vecinales, así como esquemas de provisión oportuna y
sistemática de información a los ciudad
anos pueden ser elementos fundamentales
en la reducción de laincidencia delictiva.
Todas las acciones anteriores están
dentro del ámbito de atribuciones de los
gobiernos locales. Generar y ofrecer
información es fundamental para que
las policías rindan cuentas a sus
comunidades y no únicamente a
sus instancias jerárquica
s superiores. Existe un
debate, sin embargo, respecto al nivel de
descentralización óptimo para reducir la
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incidencia del crimen. En principio, las acciones loca
les requieren de coordinación
con otros gobiernos municipales
y otros niveles de gobierno.
Además de la seguridad pública, otro
aspecto central para la protección de
derechos y el ejercicio de la
libertad individual es el
acceso equitativo a la
impartición de justicia. En este ámbi
to, una vez más, se encuentra que el
funcionamiento del sistema de justicia
tiende areforzar las dinámicas de
desigualdad. El estudio de la estructura
de las instituciones judiciales en México
permite entender qué aspecto
s de la relación entre los
niveles federal y local
permitirían generar mayor equidad en
la impartición de justicia.
La magnitud del problema de la criminal
idad y la escasez de recursos para
combatirlo y para impartir justicia han de
rivado en un servicio deficiente alos
ciudadanos. Según cifras recientes, en el Est
ado de México y el Distrito Federal se
habrían cometido alrededor de 4
mil delitos por c
ada agente del Mini
sterio Público
en un año, lo cual implica
que cada agente habría teni
do que atender 11 delitos
diarios si trabajara, sin descanso, los 365
días del año. Además, habría tenido que
dedicar solamente 50 minutos a cada
uno de los ilícitos, conuna jornada
ininterrumpida de 10 horas diarias.
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Además, existen debilidades en la es
tructura de incentivos. En términos
generales, el sistema penal me
xicano premia el número de
expedientes resueltos.
Este esquema ha trazado objet
ivos numéricos (atrapar a la mayor cantidad de
presuntos delincuentes) sin ponderar objetivos de calidad y resultados, como
atrapar a los delincuentes
organizados quecometen los delitos más violentos y
peligrosos. Así, las procuradurías privilegian la formulación de cargos en contra de
sospechosos identificados, que no requieren
de mayor investigación. En segundo
lugar, se premian las investigaciones
concluidas o cerradas y se penaliza
mantener investigaciones ab
iertas. Como consecuenc
ia de la magnitud del
problema y del esquema de incentivos, la
granmayoría de los procesos locales
corresponden a delitos de poca monta:
63% de los condenados por autoridades
estatales en el año 2000 recibió sentenc
ias inferiores a tres años, y apenas 19%
fue condenado a más de cinco años de prisión. Este patrón de sentencias apoya,
en cierta medida, la hipó
tesis de que los delitos má
s complejos probablemente
quedan sin castigo.
En México existen 33 poderes...