El R Gimen Jur Dico De Promoci N De Inversiones

El régimen jurídico de promoción de inversiones en la jurisprudencia de la SC
  La Ley de Promoción y Protección de Inversiones (en lo adelante, LPPI, publicada en Gaceta Oficial número 5.390 extraordinario de fecha 22 de Octubre de 1999) ha sido recientemente interpretada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al desechar ésta el recurso de inconstitucional que había sidopromovido contra tal Ley (sentencia de 14 de febrero de 2001, recaída en el expediente número 00-1438). 
La sentencia se pronuncia, en concreto, sobre dos aspectos, que corresponden a los motivos de impugnación alegados por los recurrentes: los contratos de estabilidad jurídica y el arbitraje como mecanismo de resolución de las controversias que suscite la aplicación de la Ley.
 
I. Los contratosde estabilidad jurídica.
 El artículo 17 de la LPPI permite a la República celebrar contratos de estabilidad jurídica con el propósito de “asegurar a la inversión la estabilidad de algunas condiciones económicas en el tiempo de vigencia de los mismos”. Se trata de contratos sectoriales que se formalizarán en cada una de las actividades económicas en las que participe la inversión. Enrepresentación de la República, estos convenios serán suscritos por “el Organismo Nacional Competente al que corresponda la aplicación de las disposiciones contenidas en la normativa comunitaria andina sobre capitales extranjeros”, que en Venezuela es la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX).
 
La finalidad de estos contratos es garantizar una serie de derechos a la inversión, enumerados en elpropio artículo 17: la estabilidad de los regímenes de impuestos nacionales vigentes al momento de celebrar el contrato; la estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones y la estabilidad de uno o más de los beneficios o incentivos específicos a los que se hubiese acogido el inversionista o la empresa en la cual se realice la inversión, según fuere el caso. Por tanto, estos contratospersiguen, principalmente (que no únicamente), garantizar la estabilidad del régimen tributario aplicable a las inversiones que se desarrollen en el país. Sólo en este último supuesto, la norma exige que los “contratos que se refieran a la estabilidad de regímenes de impuestos nacionales, requerirán la opinión favorable del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) y sóloentrarán en vigor previa autorización el Congreso de la República”.
 
1. La potestad tributaria y el principio de legalidad.
 
Uno de los argumentos invocados por los recurrentes, es que estos contratos, al versar sobre la estabilidad del régimen tributario, constituyen una “inaceptable limitación de la soberana potestad tributaria”, a la par de menoscabar el principio de legalidad tributaria.
 
Convienenotar, en este sentido, que los contratos de estabilidad jurídica, ciertamente, restringen la potestad tributaria del Estado. En efecto, esta potestad comprende no sólo la facultad de crear tributos sino, también, la posibilidad de modificar los tributos existentes. Facultad de modificación que en modo alguno cabe entender ilimitada, desde que la Constitución proscribe la irretroactividad de lasleyes (artículo 24). Así, los contratos contemplados en la LPPI imponen una limitación adicional, pues durante su vigencia (que no podrá exceder de 10 años), no podrá alterarse el régimen tributario aplicable a la inversión objeto del convenio de estabilidad.
 
Al pronunciarse sobre este aspecto, la Sala Constitucional reitera, en primer lugar, el alcance del principio de legalidad tributariacontemplado en el artículo 317 de la Constitución y desarrollado en el artículo 4 del Código Orgánico Tributario. Sólo a la Ley –expone la Sala- corresponde “...regular la creación, modificación o extinción de los tributos; y es ese acto legislativo denominado ley, el único que puede y debe indicar los elementos constitutivos –cuantitativos y cualitativos- de la relación jurídico tributaria, estos...