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REPUBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Resolución núm. 58-2010, sobre criterios que los jueces deben tomar en consideración para la imposición o variación de la medida de coerción prisión preventiva.

Dios, Patria y Libertad
República Dominicana

En nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, dicta en Cámara de Consejo la siguiente resolución: Visto la Constitución dela República; Visto la Convención Americana de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948; Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966, debidamente aprobado por el Congreso Nacional mediante Resolución núm. 684, de fecha 27 de octubre de 1977 y publicado en la Gaceta Oficial núm. 9451, del 12 de noviembre de 1977; Visto el Código ProcesalPenal, instituido por la Ley Núm. 76-02; Atendido, que el artículo 226 del Código Procesal Penal, con la finalidad de ser aplicadas en la fase preparatoria de los procesos para que rijan durante el tiempo de investigación de las infracciones, establece las siguientes medidas de coerción: 1- La presentación de una garantía económica suficiente; 2- La prohibición de salir sin autorización del país, de lalocalidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;

Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do Pág. 1

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3- Laobligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informa regularmente al juez; 4- La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; 5- La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado; 6- El arresto domiciliario, en su propiodomicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el juez disponga; 7- La prisión preventiva.

Atendido, que el artículo 227 del referido código dispone que procede aplicar medidas de coerción cuando concurren las siguientes circunstancias: 1- Existen elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de unainfracción; 2- Existe peligro de fuga basado en una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que el imputado podría no someterse al procedimiento; 3- La infracción que se le atribuya esté reprimida con pena privativa de libertad.

Atendido, que el juez que ordenase una o varias de las medidas de coerción establecidas en el Código Procesal Penaldebe hacerlo siempre de manera sopesada, adecuada, racional y cautelosa, toda vez que este mecanismo de control debe garantizar de manera rigurosa, tanto la presentación del imputado o de los imputados a todos los actos de procedimiento así como la efectiva protección a la sociedad en general y a las víctimas de los crímenes y delitos en particular;

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Atendido, que de la combinación de los artículos 227 y 229 del mencionado Código se deriva que la prisión preventiva, como medidade coerción, procede cuando concurran las circunstancias expresadas en el referido artículo 227, siendo necesario que el juez evalúe el peligro de fuga tomando en consideración varios elementos como son: el arraigo del imputado en el país, su domicilio, asiento familiar y actividad laboral, lo cual necesariamente debe probarse mediante documentos; asimismo, facilidad del imputado para ocultarse...