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LAS AUTORIDADES de gobierno han decidido poner suma urgencia al proyecto conocido como “ley Emilia”, una iniciativa que surgió a raíz dellamentable accidente de tránsito que costó la vida a una lactante en enero de este año, luego de que el vehículo en que viajaba junto a sus padres fuera impactado por un conductor en estado de ebriedad.Frente a un hecho originado en un acto de suma irresponsabilidad, no cabe sino esperar que los tribunales apliquen las sanciones correspondientes. Sin embargo, también es necesario que el debate entorno a la reforma legal propuesta produzca un análisis que aborde todos los alcances posibles de los cambios y que difícilmente podrán ser tratados en una tramitación urgente.

El proyecto buscaaumentar drásticamente las penas en el caso de la conducción en estado de ebriedad que cause lesiones graves o con resultado de muerte. Para ello se propone, entre otros aspectos, aumentar a 10 años lapena cuando hay lesiones gravísimas, y 15 años de cárcel en caso de fallecimiento, además de otras medidas, como multas, cancelación de la licencia de por vida e incautación inmediata del vehículo.Resulta legítimo que se busque endurecer las sanciones en delitos de este tipo, pero ello debe ir en armonía con el resto de la legislación penal. En esta lógica de consistencia parece discutible, porejemplo, que el homicidio simple eventualmente quede con una penalidad mucho menor que el fallecimiento causado por manejo en ebriedad.

Parece razonable hacer una revisión general de lalegislación penal y analizar la conveniencia de aumentar las penas -una iniciativa de este tipo ya ha sido anunciada por el gobierno-, pero dicha discusión difícilmente podrá llevarse a cabo en un plazo breve.La legítima señal que se busca dar con este proyecto podría ser aún más efectiva si esta es consistente con el resto de la legislación y las sanciones que ésta contempla para distintos tipos de...