Enriquecimiento Ilicito Chile

el DelIto De enRIqUeCImIento IlíCIto De
fUnCIonaRIos en el DeReCho Penal ChIleno

el artículo se ocupa del delito de
enriquecimiento ilícito de funcionarios
públicos, recientemente introducido en
el derecho penal chileno (art. 241 bis del
Código penal). luego de la exposición
del contexto comparado en el que se
inserta la nueva figura, el artículo analiza
críticamente tanto lascircunstancias del
proceso legislativo que dio lugar a la
misma, como las insalvables cuestiones
de legitimidad que suscita en relación
con la presunción de inocencia, el principio de legalidad y la consagración de
un derecho penal de acto. Por último, el
trabajo aborda la interpretación de los
posibles alcances de la figura y evalúa su
potencial político criminal.
Pa l aBr a s c la vE: Corrupción - enriquecimiento ilícito - Inversión de la carga
de la prueba.
* Legum magister y Doctor en Derecho (friburgo de Brisgovia), Profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Universidad Jesuita alberto hurtado, santiago
de Chile. Dirección postal: Cienfuegos 41, santiago, Chile. Correo electrónico:
hhernand@uahurtado.cl
aBs t r a c t
this article deals with illicitacquisition of wealth among public officials –a
crime that has recently been introduced
into the Chilean criminal code (art. 241
bis criminal code). after an exposition of
the compared context in which the new
figure is inserted, this article critically
discusses both the circumstances of the
legislative process which brought it about
and the insoluble questions of legitimacy
itcauses in relation to presumption of
innocence, principle of legality, and the
establishment of a criminal law of act.
finally, this article addresses an interpretation of the possible scope of the
figure and assesses its criminal-political
potentiality.
KEy w o r d s: Corruption - Illicit aacquisition of wealth - Reversal of burden
of proof.184 rEv i s t a dE dErEcHo XXvii (2ºsEmEs t rE dE 2006) Hé c t o r HEr n á n dEz Ba s u a l t o
I. IntRoDUCCIón
a diferencia de lo ocurrido en varios otros países iberoamericanos, en
Chile no se había sucumbido aún a la tentación de introducir en la legislación un tipo penal de “enriquecimiento ilícito”, o sea, de tipificar como
delito la incapacidad de demostrar satisfactoriamente el origen lícito de
una situación patrimonialsospechosa. todavía a mediados de 2005, a la
hora de valorar críticamente el estado de la legislación penal chilena en
materia de corrupción, se podía elogiar tal determinación e insistir en “la
inconveniencia de introducir un tipo de ‘enriquecimiento ilícito’, apenas
compatible con las garantías penales y procesal-penales básicas de un estado
de Derecho y más expresión de demagogia quepromesa de efectividad”
1
.
Un criterio similar imperó en el seno del foro Penal, convocado por el
ejecutivo para preparar un anteproyecto de nuevo Código Penal, y cuyo
texto final presentado en diciembre de 2005 no contiene ninguna figura
en ese sentido
2
.
Pero la situación ha cambiado y de modo relativamente imprevisto.
a contrapelo de decisiones legislativas recientes sobre elparticular (véase,
más abajo, III 1), mediante el artículo 12 de la ley nº 20.088, de 5 de
enero de 2006, sobre la obligación de declaración jurada patrimonial de
las autoridades públicas, se ha introducido en el Código Penal un nuevo
artículo 241 bis, del siguiente tenor: “El empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial relevante e injustificado,será sancionado con multa equivalente al monto del incremento patrimonial
indebido y con la pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio
de cargos y oficios públicos en sus grados mínimo a medio. Lo dispuesto en el
inciso precedente no se aplicará si la conducta que dio origen al incremento
patrimonial indebido constituye por sí misma alguno de los delitos descritos
1...