Enriquecimiento Ilícito
Corrupción política
, en términos generales, es el mal uso del poder público para conseguir
una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a
corrupción política
es
transparencia
. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o
de transparencia de un
Estado
.
Alarma Social
Entre los problemas que más preocupan y agravian a los argentinos,
según encuestas difundidas y el propio pulso de esa realidad que cada
uno mide en su diálogo con los demás, se ubica el flagelo de la corrupción
administrativa asignada a quienes cumplen labores de gobierno en
diversos poderes y jurisdicciones.
La sociedad recaba signos elocuentes, o sospechas razonables, respecto del súbito y arbitrario incremento de la fortuna pecuniaria que ciertas
personas obtienen desde su ingreso a estamentos gubernamentales, y la
reacción de la comunidad no se expresa sólo en el repudio de tales
acciones sino a través de una desconfianza que proviene del escepticismo
general tan atendible como pernicioso acerca de que en el marco de la
ley los órganos de la justicia puedan o quieran desenmascarar esos peculiares delitos y sancionar a sus autores, normalmente escudados por
un tejido de impunidad que enhebra influencias y complicidades políticas.
Concepto
Enriquecimiento ilícito, proviene del vocablo latino
illicítus,
que significa ilícito; es decir, que no
está permitido legalmente, es un acto contrario a derecho; el enriquecimiento ilícito es un concepto que hace referencia al acto de enriquecerse por medios contrarios a las normas
jurídicas.
El tipo penal de enriquecimiento ilícito opera cuando se trata de un funcionario o servidor
público al que no se le ha podido probar que haya cometido delito contra la adminstracion
pública, pero si se demuestra el incremento patrimonial no justificado significativo que se
presume el mismo produjo. El poder legislativo al formar este delito, tiene la intención de proteger el patrimonio del Estado;
el servidor público debe manejar los recursos económicos para el cumplimiento de las metas y
programas asignados en los respectivos planes de desarrollo, aprobados por el Estado. Se
sanciona la improbidad, el aprovechamiento ilícito del uso de los recursos públicos para
aumentar el patrimonio personal o familiar.
La cuestión que abordaremos pone en evidencia, por un lado, la tensiónentre la
honestidad -que debería ser una de las virtudes cardinales de los representantes
del pueblo en un régimen democrático de gobierno- y la corrupción de los
funcionarios públicos como degradación de la actividad política bien entendida como
vocación de servicio en búsqueda del bien común; por otra parte, la constatación en
los últimos años de la recurrente utilización simbólica del DerechoPenal para
amenazar enérgicas sanciones a quienes incurren en aquella perniciosa práctica,
que casi nunca se materializan en la realidad.
La corrupción pública –con los nefastos efectos que genera- es un fenómeno que apareció
en todas las épocas y en todo modelo de Estado con una
dimensión patológica que involucra
a la totalidad del tejido social, pues difícilmente pueda darse
una corrupción dela
administración pública de la que sea aséptico el sector privado, ya que ambos ámbitos se
encuentran indisolublemente ligados y sometidos a influencias recíprocas.
Sin menoscabar la importancia que asume el fenómeno de la corrupción del
empresariado,procuraremos centrar nuestra atención en la vinculación existente entre
ciertas modalidades en que aquélla se manifiesta en el ejercicio funcional delos agentes de
los tres poderes estatales y el sistema penal entendido como
extrema ratio
, basado en
normas e instituciones encuadradas en el Estado constitucional de Derecho.
De un modo particular, analizaremos el delito conocido como “
enriquecimiento ilícito
de funcionarios y empleados públicos
”, previsto en el art. 268 (2) del C....
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