Ensayo

Sentencia C-150/03

3. Los problemas jurídicos que se plantean

Las anteriores anotaciones permiten a la Corte tener claridad acerca de las normas respecto de las cuales ella es competente para realizar el respectivo juicio de constitucionalidad.

3.1. El actor sostiene que el numeral 2.6 del artículo 2, el numeral 14.11 del artículo 14, el inciso segundo y de los numerales 34.1 a 34.6.del artículo 34, el numeral 86.1 (parcial) del artículo 86, el inciso 1° (parcial), los numerales 87.1., 87.4., 87.7., del artículo 87, el inciso primero del artículo 89, el numeral 90.3 (parcial) del artículo 90, el artículo 92, el artículo 94 (parcial), el artículo 98, el artículo 124, el artículo 125, el artículo 126 y el artículo 127 de la Ley 142 de 1994, vulneran los artículos 1°, 2°, 58,333, 334, 365, 366 y 367 de la Constitución.

Indica que el artículo 1° de la Constitución prescribe que la solidaridad es uno de los principios sobre los que se funda el Estado colombiano; que, en virtud de ese principio, el artículo 58 de la Carta prescribe que en caso de conflicto entre los derechos de los particulares y las necesidades públicas, los primeros deberán ceder ante las segundas; queel 333 de la Constitución prevé que la libertad económica se subordina al bien común; que los artículos 334 y 366 constitucionales indican que uno de los propósitos de la intervención del Estado en la economía consiste en mejorar la calidad de vida de la población, el artículo 365 de la C.P. señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y el artículo 367 de laC.P. contempla que además del de costos, la solidaridad misma y la redistribución son criterios que rigen la prestación de los servicios públicos.

Señala que las normas acusadas, relativas a las funciones de las comisiones de regulación en materia tarifaria, fundan la fijación de las tarifas en criterios tales como eficiencia económica, suficiencia financiera, libertad de mercado, garantía deremuneración a los propietarios de las empresas prestadoras de los servicios públicos, en perjuicio de principios inherentes al Estado social de derecho tales como la solidaridad (art. 2° de la C.P.), el derecho a tener acceso a los bienes y servicios básicos (art. 334 de la C.P.), el deber del Estado de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes deterritorio nacional (art. 365 de la C.P.) y el mandato según el cual el objetivo de tales servicios será el mejoramiento de la calidad de vida de la población (art. 366 de la C.P.).

Considera que a pesar del marco constitucional descrito, las normas acusadas contemplan un régimen de libertad respecto de la prestación de los servicios públicos que desconoce la función que el artículo 365 de la Cartaconfiere al Estado de mantener la regulación, vigilancia y control de los servicios públicos. De esta manera, el actor considera que las normas demandadas protegen la libertad económica y la iniciativa privada de los propietarios de las empresas prestadoras de los servicios públicos en perjuicio de las normas constitucionales que establecen los parámetros y principios acerca de la prestación de losmismos.

Así pues, estima que, entre otros, "[e]l artículo 2° de la Ley 142 de 1994 menciona la intervención del Estado en los servicios públicos pero subordinada a las reglas de la libre competencia, libertad de la actividad económica y de la iniciativa privada"; el artículo 14 en su numeral 14.11 permite a las empresas determinar las tarifas "con el solo requisito de informar a las Comisiones deRegulación de los Servicios Públicos"; los artículos 34 y 98 contienen prescripciones para la protección de la libre competencia. De esta manera, el Estado desconoce las obligaciones que, según el artículo 365 de la Carta, le corresponden en materia de regulación, vigilancia y control de los servicios públicos.

Con base en lo anterior, agrega que "[l]as normas demandadas tratan de combinar...