De un tiempo a esta parte, los medios de comunicación denominados “tradicionales” han recalcado un problema que aqueja al fútbol hace años: la violencia en los estadios.Amparados en la creación del “Plan Estadio Seguro”, se criminalizó a lo que algunos denominan “la fiesta” del fútbol: De un momento a otro bombos, bengalas e incluso insultos quedaron prohibidos en los estadios por “incitar a laviolencia”.Es aquí donde cabe preguntarse si sólo la Intendencia Metropolitana, Carabineros de Chile, los Clubes y las “Barras bravas” son las involucradas en el problema. A nuestro entender existen muchísimos otros involucrados y afectados por ambas caras de la moneda.En la cara de la verdadera violencia que acarrean las barras bravas están los vecinos de los recintos deportivos, la autoridadmunicipal y todos aquellos que se ven obligados a pagar las consecuencias de los actos de estas asociaciones ilícitas.En la cara del control policial están las familias que asisten al fútbol, donde niños de 10 años son revisados 3 veces por Carabineros al ingreso a los recintos, donde se prohibe que los estudiantes vayan con sus cuadernos (a riesgo de que la policia los tire a la basura) y dondeocurren cosas tan surrealistas como no permitir el ingreso de paraguas un día de lluvia en Chillán.¿De donde parte este conflicto? Si nos remontamos 20 años atrás, vemos que las hinchadas no tenían las características que actualmente vemos, el hincha iba al estadio a ver a su equipo, a disfrutar del espectáculo, muchas veces en familia. La “hinchada” era más uniformada, situación muy distinta a laactual en donde vemos claras diferencias en el aforo del “domingo a domingo” donde se puede apreciar liderazgos incluso entre ciertas puertas del estadio (barras sectorizadas en la galería).Este sector de la hinchada fue adquiriendo poder de la mano de las mismas instituciones deportivas. Los clubes en los años 90 y en la primera década del siglo se hicieron financistas de la delincuencia y elnarcotráfico de las “gloriosas barras” del fútbol chileno. Los líderes de las mismas se sintieron superiores al punto de arrogarse derechos distintos del hincha común, exigiendo entradas, teniendo precio preferencial, vetando gente del estadio e incluso y lo que es más grave, amenazando a dirigentes, arbitros y jugadores de los equipos.Con este panorama a fines de la década del 2000 y con la llegada delGobierno tecnócrata de Sebastián Piñera se decide “ordenar” la situación y envia el proyecto de ley de violencia en los estadios (hoy en vigencia) y mediante decretos invade los estadios con la aplicación de un plan que amarra a los clubes a seguir las directrices del mismo por varios acuerdos entre la “Intendencia Regional”, el “Ministerio del Interior y Seguridad Pública” y la “AsociaciónNacional de Fútbol Profesional”.El objeto de las políticas públicas apunta a la disolución de las barras ya descritas, incluso expertos de la FIFA dictan conferencias a inicios del 2012 donde explican porque la eliminación de los bombos quita la posición de dominancia a las barras dentro del estadio. Pero la autoridad comete dos errores en la aplicación del Plan Estadio Seguro:El primer y quizá el másimportante es confundir al socio o al hincha común de los clubes con los delincuentes, poniendo a todos bajo la lupa de Carabineros en controles que pueden ser calificados incluso de vejatorios, que de ninguna manera pueden ser legítimos. Es aquí donde la legitimidad de las leyes se pone entre signos de interrogación: ¿es legal la revisión? Sí, la ampara un decreto y una posterior ley... ¿Peroesto la hace legítima? Como señala Balibar en 'Sobre la Desobediencia Civil': “Las prohibiciones del Estado no pueden tener primacía sobre las leyes no escritas” por lo que queda en evidencia que el gobierno comete un error enorme al dejar de lado derechos esenciales del individuo tanto implícitos (como la dignidad que merece cada cual) a otros explícitos como la presunción de inocencia de la que...
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