ensayo

Dos reformas trascendentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen en la época moderna una manera diferente de pensar, decir y hacer en el derecho procesal penal.
La primera, de dieciocho de junio de dos mil ocho, a los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto 19; 20 y 21, párrafo séptimo. Mediante la cual seestableció un sistema procesal penal acusatorio y oral, bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, sobre la base del principio de presunción de inocencia, que entrará en vigor, conforme al transitorio segundo de la reforma, cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contados a partir del díasiguiente de la publicación del decreto.
La segunda de las reformas, de diez de junio de dos mil once, al artículo 1°, en el que se introduce el tema de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales, del cual gozaran todas las personas; así como de las garantías para su protección que se interpretaran de conformidad con esos instrumento legales, favoreciendo en todotiempo a las personas la protección más amplia, dando lugar, como obligación del Estado, al principio de tutela efectiva en cuanto, en el ámbito de la competencia de todas las autoridades, deben promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a fin de prevenir, investigar, sancionar y repararlas violaciones de los Derechos Humanos.
En el tema de la reforma procesal penal, armonizada con la reforma de tutela de los Derechos Humanos, ambas encuentran su fundamento en la Constitución y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte, para conformar en el sistema judicial, específicamente en el derecho de acceso a la justicia penal, el bloque de constitucionalidad.Dos instrumentos internacionales resultan importantes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 14 y 8, respectivamente, establecen como derechos vinculados al derecho penal y garantías judiciales a favor del imputado: ser oído públicamente por un tribunal competente; autonomía, independencia e imparcialidad judicial;presunción de inocencia; plena igualdad en reconocer la naturaleza y causa de la imputación; disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa; ser juzgado sin dilaciones; estar presente en el proceso y se le nombre defensor de oficio gratuito; interrogar a los testigos; contar con interprete; no declarar en su contra; interponer los recursos; no ser juzgado nuevamente por losmismos hechos; y, ser juzgado en audiencia pública. Las cuales constituyen, derechos y garantías, que preservan el debido proceso.
La propuesta del nuevo enjuiciamiento penal pretende cimentar condiciones de confiabilidad y transparencia, cerrar espacios a la impunidad y garantizar a favor de los gobernados el derecho de acceso a la justicia en el que se respeten y tutelen los Derechos Humanosdel imputado, víctima u ofendido del delito, así como de todos aquellos que concurran al proceso. En el contexto internacional, se han desarrollado sobre el tema, en la práctica judicial diversas garantías, que en la exposición de las reformas constitucionales, se aluden, entre otras: imparcialidad judicial; igualdad ante la ley; carga de la prueba del acusador; fundamentación, motivación einterpretación judicial conforme a la justicia; y, prohibición de comunicación ex parte; principios todos recogidos en el Proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales.
Dentro de los objetivos de la reforma procesal penal se encuentra la oralidad en el desahogo de las audiencias, así como los principios de contradicción e inmediación en la configuración de las pruebas, con ello, se garantiza la...